Barcelona aumentará el control de acceso a la suya de Zona de Bajas Emisiones (ZBE). L'Ajuntament de Barcelona ha dado luz verde al "suministro y servicio de ampliación del sistema de monitorización y el control de infracciones desde el punto de vista medioambiental". El consistorio ha cerrado un concurso público que permitirá ampliar de 20 a 62 los sitios en los cuales se decide si un vehículo puede entrar o no a la ZBE. Así pues, la capital catalana dispondrá de un centenar de cámaras situadas tanto en el interior de la ciudad como a la salida de las rondas. La adjudicación se ha materializado por un coste de 1.445.720,83 euros, una cifra que se repartirá entre los ejercicios presupuestarios de este año y 2023. La licitación ha recaído sobre la compañía Aluvisa, ubicada en Cornellà de Llobregat y experta en sistemas de iluminación y vigilancia aplicado a la "movilidad urbana", y asegura que "es líder en el control de las Zonas de Bajas Emisiones", ya que se encarga de este control tanto en Barcelona como en su área metropolitana.
110 nuevas cámaras en Barcelona
Esta licitación permitirá la instalación de 110 nuevas cámaras en la ciudad que se encargarán de "capturar, por visión artificial, las matrículas de los vehículos, identificarlas y compararlas con un listado de matrículas de vehículos no autorizados a circular" para la posterior sanción a los infractores. Ahora son 20 los puestos de control y ahora con el nuevo concurso ya serán 62, con una y tres cámaras por 'check point'. Las nuevas cámaras se instalarán en el paseo de Santa Coloma, la Ronda del Medio, la avenida Diagonal, el paseo de la Bonanova, la calle Balmes, calle Aragó, calle Sardenya, la Travesía de las Corts, la avenida Meridiana, en el Paseo Maragall, en la Via Laietana o en la avenida de Madrid.
Rebaja de las exigencias
El Ajuntament de Barcelona ya anunció la semana pasada una serie de cambios a la Zona de Bajas Emisiones. El consistorio ha preparado un paquete de medidas con dimensión social para "facilitar el uso del vehículo en la ciudad", que se llevarán a aprobación el mes de noviembre. El objetivo es conseguir llegar a la aprobación definitiva, pasado el periodo de alegaciones "en enero". Otros de las modificaciones que se harán por parte del Ayuntamiento, se encuentran medidas para facilitar la circulación de personas con tratamientos médicos periódicos, de vehículos profesionales, los titulares de los cuales estén a cinco años de su jubilación, y de automóviles con titulares que acrediten unos ingresos anuales inferiores a dos veces el indicador de renta de efectos múltiples (IPREM), también vehículos en estado de reposición porque se acredita la compra de uno nuevo que cumpla con los criterios tecnológicos permitidos. Según el Ayuntamiento, la nueva ordenanza supone una "actuación positiva" con respecto al impacto económico para la ciudad, ya que los beneficios ambientales que genera compensan los costes de llevarla a cabo.