El gobierno municipal de Barcelona ya tiene terminado un nuevo proyecto de plan de usos para el Eixample que supondrá una importante restricción de la proliferación de negocios como restauración -bares y restaurantes-, además de establecimientos de degustación, autoservicio, discotecas y tiendas de conveniencia. Sobre el papel, la finalidad del nuevo plan es evitar los monocultivos y la especulación y proteger el comercio de proximidad, pero más explícitamente, servirá para "evitar nuevos casos de calles como el de Enric Granados", en palabras de la segunda teniente de alcaldía, Janet Sanz, una vía en la que en nueve tramos de calles se cuentan actualmente 70 bares y restaurantes, con las consiguientes quejas de los vecinos por la masificación y el ruido constante.
Este nuevo plan de usos, con todo, no ha estado exento de polémica, porque el plan inicial, presentado en marzo de 2022, no contó con el apoyo del PSC en la comisión de Gobierno, y durante estos meses se ha tenido que perfilar hasta llegar a un consenso entre los dos socios de gobierno que incluye, de hecho, una relajación de muchas de las medidas previstas inicialmente, como la restricción de negocios de tipo turístico y se centra únicamente en la limitación de los cinco tipos de negocios citados y considerados como de más impacto en la vida cotidiana, con la prohibición adicional de todos los negocios relacionados con el sexo y la pornografía -exhibición de material pornográfico, locales de prostitución, salas de exhibición sexual y 'meublés'-.
En todo caso, el nuevo proyecto del plan de usos se puede interpretar como una cesión de Barcelona en Comú ante sus socios de gobierno, el PSC, que se visualiza en la rebaja de las restricciones en establecimientos en dos zonas diferenciadas, una definida por los ámbitos pacificados o en vías de pacificación que incluirá también los de futura pacificación, y otro para el resto del distrito. En un ambiente preelectoral, las divergencias entre los dos partidos afloran con más notoriedad pero a pesar de todo, después de casi un año de negociación, los dos socios de gobierno han llegado a un acuerdo para llevar el plan a la Comisión de Urbanismo la próxima semana con la previsión de aprobarlo en el pleno del 27 de enero.
Dos áreas de regulación
En concreto, el nuevo plan de usos prevé dos áreas de regulación diferentes. La primera estará constituida por las calles que ya tienen un plan de usos específico, es decir, el ámbito de la Supermanzana de Sant Antoni y la calle Girona; las calles pacificadas actuales: Enric Granados, paseo de Sant Joan, avenida Mistral, carretera de Ribes, avenida Gaudí y, dentro del ámbito de Glòries, la calle Cartagena; las calles en pacificación, es decir los ejes verdes de Consell de Cent, Rocafort, Comte Borrell y Girona más las calles Tamarit, Parlament y Aldana; y finalmente las calles que se pacifiquen en un futuro.
En todo este ámbito, la nueva regulación quedará de la siguiente manera, aplicadas los cinco tipos de establecimientos citados: en un radio de 50 metros solo podrá haber un máximo de 5 establecimientos y en un radio de 100 metros un máximo de 18 establecimientos. Además, tendrá que haber una distancia lineal de 25 metros entre establecimientos. Hay que apuntar que esta regulación no afecta a los establecimientos existentes, que además se podrán traspasar, pero sí que afectará al otorgamiento de futuras licencias para nuevos negocios de estos tipos. Con respecto al segundo ámbito, y que ha sido el principal escollo entre BComú y el PSC, la normativa se relaja y permite un máximo de 20 establecimientos en un radio de 100 metros.
Hay que tener en cuenta que en la actualidad, en el distrito del Eixample hay 14.000 locales en planta baja, de los cuales 3.200 son bares y restaurantes. Es el distrito de Barcelona que tiene más, y que sin regulación se podría llegar a un máximo de hasta 11.000 bares y restaurantes, mientras que con esta nueva regulación, el tope se reducirá a unos 1.150, según las cifras aportadas por Janet Sanz, aunque según Laia Bonet podrían ser unos 2.000. En todo caso, según ha especificado la teniente de alcaldía Laia Bonet, el plan de usos tiene como objetivo "evitar los monocultivos", y en este sentido el acuerdo al cual han llegado el PSC y BComú es una "regulación quirúrgica que aborda una relación diferente entre lo que hoy ya está pacificado y con riesgo inminente de monocultivo y la zona donde se permite el crecimiento".