El Ayuntamiento de Barcelona no se da por vencido ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que anula la retirada de la Medalla de Oro de la ciudad al político franquista Rodolfo Martín Villa y ha anunciado la inmediata apertura de un nuevo expediente para conseguir la retirada definitiva de un honor que fue otorgado "en un plenario franquista", antes de la llegada de la democracia a los ayuntamientos, que no tuvo lugar hasta el año 1979. Poco después de conocerse la decisión del TSJC, el concejal de Memòria Democràtica, Jordi Rabassa, se ha mostrado contundente: "Barcelona no puede honrar a franquistas".
Y es que el anuncio de la sentencia, a pesar de que era esperado desde hace tiempo, no ha gustado al equipo de gobierno municipal, que ve como se anula una decisión del pleno municipal del 2017. Para el concejal de Derechos de Ciudadanía y Participación, Marc Serra, la sentencia es "aberrante, inaudita y nos teletransporta al peor momento de las sentencias de este país", equiparando la decisión del TSJC con "los jueces franquistas que dictaban sentencias dirigidas a proteger la impunidad de los criminales franquistas", en referencia a Martín Villa, que en sus funciones de gobernador civil de Barcelona entre los años 1974 y 1975 fue "responsable directo de los excesos policiales".
Los dos concejales han coincidido en recordar que la medalla fue otorgada por un pleno municipal predemocrático, y por eso Rabassa ha considerado que "no fue arbitrario" que en el 2017 se retirara un galardón que "fue concedido en un plenario franquista, sin que hubiera habido elecciones democráticas", a una persona "con importantes funciones políticas y ejecutivas sobre el aparato represor". "Seguiremos trabajando para hacer un nuevo expediente porque Martín Villa no puede tener un honor de la ciudad de Barcelona", ha añadido, para señalar que la sentencia "vuelve a mostrar la impunidad del franquismo". "Hay argumentos para volver a justificar que Martín Villa no merece ningún honor de la ciudad", ha remachado.
Por su parte, Serra ha informado de que los servicios municipales ya han recibido indicaciones para incoar un nuevo expediente y ha recordado que la retirada del 2017 ya se hizo en aplicación de la ley de Memoria Histórica, que "establece que las administraciones públicas tenemos la obligación de retirar cualquier tipo de simbología, incluidas las medallas y los honores, que tengan las personas responsables de la represión franquista". Además, ha recordado que el mismo Martín Villa reconoció recientemente y de forma pública que "asumía su responsabilidad ante las posibles irregularidades, que se hubieran podido producir en los cuerpos policiales mientras estuvo en el gobierno franquista."
Ciudadanos defiende al represor
Por otra parte, el Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona se ha puesto al lado del represor franquista, señalando, por boca del portavoz, Paco Sierra, que "la historia no se tiene que revisar como se hace constantemente desde este ayuntamiento". El edil ha recordado que las medallas se otorgan "en un momento determinado y por unas condiciones concretas" y por eso ha reclamado el "respeto de cada una de ellas". Este posicionamiento, de hecho, no es diferente del que mantuvo este partido unionista en la votación del año 2017, cuando prefirió abstenerse. En el pleno municipal del 31 de marzo del 2017, todos los grupos votaron a favor, a excepción de la abstención de Cs y el voto contrario de los concejales del PP, que se quedaron solos defendiendo el mantenimiento de la distinción.
Una vez conocida la resolución del consistorio, el propio Martín Villa presentó un recurso de apelación, que es el que ha resuelto este jueves el TSJC. En su sentencia, la sección quinta de la sala contenciosa administrativa del TSJC estima el recurso de apelación y se fundamenta en la aplicación del reglamento municipal del mismo Ayuntamiento de Barcelona del año 2012, que mantuvo las distinciones concedidas a todas las personas y entidades corporativas al amparo del Reglamento Municipal anterior del año 1950, aunque para las entidades de memoria histórica, Martín Villa es uno de los ejecutores de la represión y muerte de disidentes políticos durante el franquismo y los primeros años de democracia.
Además, el TSJC indica que el acuerdo municipal de retirada de medallas de oro se había basado en el artículo 6 del reglamento Municipal del año 2012, que introdujo la posibilidad de revocación de las medallas por actos desmerecedores de su concesión, no contemplada en el anterior Reglamento de 1950. Dos de los cinco magistrados han hecho un voto particular para criticar todavía más la acción del Ayuntamiento de Barcelona.