El concejal de Presidencia y Energía del Ayuntamiento de Barcelona, Eloi Badia, ha explicado que el Gobierno municipal ha impulsado un nuevo acuerdo marco para la contratación del suministro eléctrico en el consistorio que prevé obligaciones contractuales en la atención, la reducción y la corresponsabilidad de las empresas suministradoras en materia de pobreza energética.
En una rueda de prensa este martes, ha expresado que estas condiciones tienen como objetivo garantizar el cumplimiento de la Ley 24/2015 del Parlament en la licitación del suministro destinado a gerencias, distritos, Institutos Municipales y otros organismos asociados con el Ayuntamiento para obtener un precio que se corresponda a las economías de escala pertinentes en las modalidades de baja tensión y media tensión.
El acuerdo comprenderá la determinación de la empresa suministradora para cada lote o sublote, los precios unitarios –que tendrán el carácter de máximos–, y otras condiciones generales del suministro por un valor de 65,2 millones de euros por dos años, además de dividir el contrato en tres lotes, uno más que en el anterior acuerdo, para favorecer que más empresas puedan adjudicarse el servicio.
Aunque las empresas pueden presentar ofertas a los tres lotes, a una única empresa sólo se le podrá adjudicar un máximo de dos lotes, lo que, según el edil "posibilita que se presenten más empresas", en un proceso de adjudicación que se basará en la subasta eléctrica y que quiere fomentar que exista una mayor pluralidad de compañías, en sus palabras.
Badia ha observado que el Ayuntamiento ha introducido un nuevo lote de suministro eléctrico en baja tensión vinculado a edificios públicos generadores de energías renovables: "Se trata de un lote pequeño, con un importe de 1,9 millones, que esperamos que sea accesible a todo el tejido empresarial y cooperativo del ámbito energético", ha afirmado.
El inicio del nuevo acuerdo marco será el 25 de marzo, una vez finalizado el actual acuerdo, y tendrá una duración máxima de un año –ampliable a dos–, aunque Badia ha afirmado que el contrato podría finalizar en el momento que entre en funcionamiento la comercializadora que impulsa el Ayuntamiento.
Pobreza energética
El acuerdo establece seis obligaciones para los contratistas: firmar el acuerdo del Ayuntamiento de medidas urgentes para afrontar la emergencia habitacional y energética; adaptar la potencia y la tarifa contratada, así como facilitar el acceso al bono social y a descuentos para las familias en riesgo de corte de suministro y en riesgo de exclusión social, y solicitar un informe a los Servicios Sociales Municipales antes de dejar sin suministro a una familia.
Las empresas también informarán de los derechos relativos a la pobreza energética; habilitarán mecanismos de información sobre tarifas sociales y otras ayudas y medidas previstas para hacer frente a la pobreza energética, y la empresa adjudicataria del 'Lote 1' –presupuestado en 54,2 millones– deberá realizar cursos de formación sobre derechos energéticos y eficiencia energética para clientes: 15 ciclos formativos de 20 horas para 50 personas cada uno.
Tercer sector
La Taula del Tercer Sector ha remarcado este martes que las entidades estarán "atentas" a que las compañías suministradoras no corten el suministro a personas o familias en situación vulnerable durante el temporal de frío.
En un comunicado, el presidente de la Taula del Tercer Sector, Oriol Illa, ha recordado que la ley obliga a las suministradoras a avisar a los servicios sociales antes de cortar el servicio a cualquier persona en situación de vulnerabilidad.
"La situación de frío que vive el país obliga a proteger todavía más a los más vulnerables y estaremos atentos que las compañías suministradoras no se les pase por la cabeza hacer ningún corte", ha subrayado.
Illa también ha alertado que estos días de inicio del 2017 los consumidores pagarán un 34% más que hace un año, lo que provocará que "más familias tendrán más dificultades" para hacer frente a las facturas.