El gobierno municipal de Barcelona, formado por Barcelona en Comú y el PSC, ha propuesto este viernes un presupuesto de 3.600 millones de euros para el 2023, que supone un 5,6% más con respecto al año 2022, y que nunca antes se había alcanzado. El ejecutivo considera que la propuesta es "anticrisis" y contribuirá a la reactivación económica, atender las necesidades básicas de la ciudadanía, combatir la emergencia social y continuar la transformación verde de la ciudad. Por esta razón, gobierno municipal espera que la oposición alargue la mano y facilite, como mínimo, la tramitación y el debate. "Esperamos que todo el mundo esté a la altura", ha dicho el primer teniente de alcaldía, Jaume Collboni, que ha recordado que la oposición al Parlament ha hecho "un procés de aproximación" para los presupuestos del Govern.
Congelación de impuestos
El ejecutivo barcelonés pretende dar a trámite la propuesta e iniciar así una ronda de negociaciones que se alargará durante dos meses para tratar de encontrar alianzas con el resto de partidos, y así aprobarlos definitivamente a finales de año. En la nueva propuesta también se han presentado las ordenanzas fiscales, que plantean la congelación de impuestos municipales: impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM), el impuesto sobre actividades económicas (IAE) y el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO). Además, también se establece una nueva bonificación en la tasa de ocupación del espacio público para los vehículos que tengan etiqueta ECO.
Con respecto a las tasas, se prevé seguir aplicando la bonificación del 75% de la tasa de terrazas. Y la novedad de la propuesta es que se ofrecerá a los contribuyentes la opción de acogerse a una tarifa plana que permita fraccionar el pago de tributos a quien tenga más de dos recibos municipales y, por lo tanto, pagar una cuota fija mensual.
Recuperación económica
Con respecto a la recuperación económica, el Ajuntament plantea un presupuesto más expansivo para la promoción económica para impulsar la recuperación de la ciudad, la diversificación de la economía y el impulso en los sectores productivos para crear puestos de trabajo de calidad. 106 millones de euros se destinarán para las políticas de promoción económica, el Ayuntamiento desplegará un paquete de ayudas directas a autónomos, pymes y personas paradas de 22 millones de euros para hacer frente a la situación económica derivada de la inestabilidad y la subida de los precios de consumo y de la energía.
En el ámbito de seguridad, el presupuesto contempla el despliegue de hasta 1.000 nuevas plazas de Guardia Urbana, que permitirán llegar a los 3.500 agentes desplegados a la capital catalana, cifra que también significará la más elevada de la historia, y que prevé la incorporación de un 40% de mujeres en las nuevas promociones. Los gastos extraordinarios derivados de la situación económica se cubrirán con un fondo de 90 millones de euros, para hacer frente a los costes del transporte público, los acuerdos en materia laboral derivados de la Ley de Presupuestos del Estado y el aumento de los gastos de consumo de energía.
Cerca de 900 millones de euros para transformar los barrios de la ciudad
La inversión para transformar la ciudad y sus barrios será de cerca 900 millones de euros para consolidar el proceso de transformación que pretende el gobierno municipal. Concretamente, las inversiones en la ciudad llegarán a los 884,1 millones de euros, y la inversión municipal se situará en los 759,6 millones de euros, cifra a la cual también se le tiene que sumar las inversiones a través de BSM y del Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHAB), que son un total de 124,6 millones de euros. Las partidas que tienen una mayor inversión prevista son el urbanismo con 338,1 millones d'euros y la vivienda con 134,4 millones de euros. Con respecto a las reglas de estabilidad presupuestaria, el presupuesto prevé un ahorro bruto equivalente al 17% de los ingresos corrientes, cifra óptima que permite al Ayuntamiento mantener su solvencia financiera. Sitúa el nivel de endeudamiento en torno al 30%, muy por debajo de los límites fijados, igual que la media de pago a proveedores, que se sitúa en 18,8 días.