Nueva polémica por la Zona de Bajas Emisiones. Varios Ayuntamientos del Arco Metropolitano de Barcelona presentaron este martes un plan alternativo al del Gobierno para poder ejecutar la Zona de Bajas Emisiones en los próximos meses y denunciaron al ejecutivo por querer hacer un "decreto uniformador". Eso, más la moratoria del Ayuntamiento de Badalona que provocó un choque entre Albiol y los gobiernos españoles y catalanes, se tiene que añadir al hecho que la posibilidad de que la justicia tumbe la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona. Por eso, el Ayuntamiento de Barcelona, liderado por Jaume Collboni, reserva casi 32 millones de euros para poder retornar las multas que se han efectuado desde enero del 2020, cuando entró en vigor la Zona de Bajas Emisiones en la capital de Catalunya.
La pérdida del dinero, probable
De hecho, tal como explica El Periódico, el consistorio barcelonés cree que la sentencia que derogue la ordenanza de circulación en horario laboral para los prototipos con más años de matriculación es "probable". Está en manos del Tribunal Supremo la derogación de los 95 kilómetros de Barcelona de la Zona de Bajas Emisiones. Hace casi un año y medio que se espera que se resuelvan los recursos que el gobierno de la exalcaldesa Ada Colau, la Generalitat y el Àrea Metropolitana de Barcelona interpusieron a las seis resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que dictó el pasado marzo del 2022, en el cual ya anuló la Zona de Bajas Emisiones barcelonesa. El tribunal aseguraba que faltaban informes que justifiquen la restricción de los vehículos y que existen "vicios sustanciales". Los magistrados del TSJC sostienen también en su sentencia, entre otros fundamentos, que la zona tiene un excesivo ámbito geográfico de implantación y una excesiva restricción del tipo de vehículos afectados.
Ante la posible nulidad de la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona, el Instituto Municipal de Hacienda de Barcelona ha cuantificado cuál podría ser las afectaciones para las finanzas del consistorio de confirmarse la vez del Supremo. El organismo tasa un impacto económico de 31.818.000 euros sobre las cuentas municipales y califica de "riesgo probable" que el Ayuntamiento tenga que sufragar esta cantidad. De hecho, no es la primera vez que los presupuestos cuentan con una estimaciónde las afectaciones de la ZBE, y es que el 7 de septiembre del 2021 se deducía que el consistorio podría dejar de ingresar 12,7 millones de euros en multas pendientes no aprovisionadas y reembolsar 5,6 millones por las sanciones.
El Arco Metropolitano presenta una contrapropuesta
Para evitar un choque con los tribunales, hasta 9 ciudades del Arco Metropolitano de Barclona (Sabadell, Terrassa, Mataró, Granollers, Rubí, Mollet, Vilanova i la Geltrú, Martorell y Vilafranca del Penedès) presentaron un plan de Zona de Baixes Emisiones más flexible que la de Barcelona, en contra del criterio del Govern de la Generalitat. El plan especifica que a partir del 2025 los barrios del centro quedarán restringidos para los vehículos que no tengan la etiqueta 0 emisiones (azul), etiqueta Eco, etiqueta C (verde), etiqueta B (amarillo). "No se trata de hacer una competencia con Barcelona, pero ellos lo han implementado antes. De esta manera, hemos podido detectar unas ciertas medidas que podíamos implementar nosotros con la finalidad de ayudar a las personas a que más lo necesiten", dijo la alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés, presidenta del Arco Metropolitano.
Los municipios han previsto que la aprobación de las ordenanzas municipales de regulación de las Zonas se lleve a cabo entre el segundo semestre de 2023 y el segundo semestre de 2024. La normativa estatal dicta que desde el pasado 1 de enero, las 150 ciudades españolas de más de 50.000 habitantes están obligadas a tener una ZBE antes de 2024; no obstante, desde el Arco Metropolitano han asegurado que las sanciones (todavía no definidas) empezarán a implementarse al fin de 2025 o principios de 2026.