La posibilidad de que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se vea obligada a dimitir en aplicación del código ético de Barcelona en Comú una vez ha sido citada a declarar como investigada por supuestas subvenciones irregulares a varias entidades, ha sido descartada por su formación, que considera que no se cumplen las condiciones por las cuales habría que aplicarle el punto 3.6. Por medio de un comunicado, BComú hace referencia al "supuesto incumplimiento del Código Ético de Barcelona en Comú por parte de la alcaldesa", pero concreta que "la dimisión tiene que ser sólo en casos donde haya un presunto 'ánimo de lucro' personal" y considera que en la actual investigación "no hay ninguna acusación de presunto 'ánimo de lucro' personal".
Con todo, esta interpretación del código ético que sirve para exonerar a Colau de una eventual dimisión evita mencionar que en el punto 3.6 se hace referencia también a la posibilidad de que los presuntos actos delictivos sirvan "para favorecer a terceras personas". Así, aunque Barcelona en Comú defiende que "lo que se está investigando son subvenciones a entidades que concede la Comisión de Gobierno como órgano colegiado" y, por lo tanto, podría no comportar el lucro personal de Colau, sí que beneficiaría las entidades que recibían las subvenciones, es decir, las "terceras personas" que menciona el código.
La misma alcaldesa, en declaraciones en TV3, ha justificado que no contempla dimitir precisamente porque en la querella no ha sido acusada de lucro personal. "No me han acusado de enriquecerme", ha defendido Colau, que igualmente considera que no habría lucro de terceros porque las mismas subvenciones son "a entidades sin ánimo de lucro".
Gestión privada del agua
Además, Colau ha criticado a la asociación que ha presentado la querella, la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática, asegurando que la poca actividad que se le conoce es que "interpuso enmiendas al reglamento de participación para hacer una consulta pública sobre la gestión del agua", que impidieron la celebración de la consulta, y también una querella contra el Ayuntamiento de Valladolid también por "querer municipalizar el agua". De hecho, ha considerado que la asociación querellante actúa en contra de "nuestra política de discutir la gestión privada del agua".
En todo caso, hay que recordar que el punto 3.6 del código ético, exige a sus cargos el "compromiso de renuncia o cese de forma inmediata de todos los cargos, ante la imputación por la judicatura de delitos relacionados con corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, soborno, malversación y apropiación de fondo públicos ya sea por interés propio o para favorecer a terceras personas. Así como también en casos de acusación judicial por delitos de racismo, xenofobia, violencia de género, homofobia u otros delitos contra los derechos humanos o los derechos de las personas trabajadoras". Según el espíritu y la letra de este redactado, las actuaciones por las cuales se acusa la alcaldesa habrían beneficiado terceras personas y por tanto, serían motivo de dimisión.
Asimismo, Barcelona en Comú defiende a Colau recordando que ya hay una decena de denuncias archivadas contra concejales y concejalas de Barcelona en Comú, y que la denuncia que ahora ha impulsado la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática sobre las subvenciones a entidades sociales ya la presentó la asociación de ultraderecha Abogados por la Constitución "por subvenciones del todo regulares que ya se realizaban en el mandato de Trias" a entidades de derechos humanos que luchan por evitar miles de desahucios y cortes de suministro de agua y luz a familias vulnerables, y que "se archivaron porque se ajustaban a derecho".
"Estrategia de lawfare"
Por todo ello, Barcelona en Comú considera que la querella contra Colau obedece a una "estrategia de lawfare" además de un "ataque directo al debate democrático". "Lo que está en juego es que la ciudadanía y sus representantes políticos escogidos democráticamente puedan o no decidir sobre las cuestiones que los afectan", señala el comunicado de BComú.
Según se supo el martes por la noche, Ada Colau ha sido citada el 4 de marzo a las 10.30 horas para declarar ante el juez como investigada por presunta malversación y tráfico de influencias y también se lo acusa de presunta prevaricación, fraude en la contratación y negociaciones prohibidas a funcionario público.
La reacción de la alcaldesa este miércoles por la mañana ha sido la de expresar su "perplejidad", además de confiar en que la querella quedará "en nada". También ha considerado que está "fuera de lugar" plantear su renuncia al cargo. De hecho, ha recordado que la causa ya fue archivada en su momento y ha confiado en que esta vez vuelva a pasar lo mismo.
En esta nueva querella, la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática considera que la alcaldesa firmó de manera arbitraria, discrecional y recurrentemente, sin concurrencia pública y sin justificar el interés público, una serie de ayudas y acuerdos económicos con el único objetivo de financiar los lugares de trabajo, las actividades y el funcionamiento de varias entidades afines a Barcelona en Comú. Ahora, el magistrado instructor quiere aclarar esta sospecha mediante la admisión de la querella y citando como investigada a Colau.
En la querella se señalan organizaciones como el Observatori DESC (donde Colau trabajaba antes de alcanzar la alcaldía), Enginyers Sense Fronteres, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (de la cual la alcaldesa fue portavoz) o la Alianza contra la Pobreza Energética.