Más revelaciones inquietantes del espionaje del Centro Nacional de Inteligencia. Este sábado La Vanguardia hablaba de una lista de 18 personalidades del procés espiadas, este domingo, el mismo diario saca a la luz que el mismo espionaje habría salpicado el Ayuntamiento de Barcelona. La preocupación era que la capital catalana acabara en manos de Esquerra Republicana, bajo la candidatura de Ernest Maragall. Según destaca el rotativo, los servicios secretos españoles querían saber el estado de las negociaciones en Barcelona. Así, se destaca que al escrito que presentaron al Tribunal Supremo, que tutela las actuaciones, se puede leer que se intervino el teléfono de una persona que estaba intercediendo para la configuración de un gobierno entre ERC y Barcelona en Común, la formación de Ada Colau. Los dos partidos empataron a 10 concejales, pero ERC ganó en votos.
Posteriormente, los Comunes pactaron con el PSC y con el voto favorable de tres concejales de Ciudadanos, partido donde entonces había Manuel Valls, hizo posible que Colau repitiera. Esta intervención, según La Vanguardia, es una de las 18 que el CNI admite haber hecho a personalidades del ámbito independentista. Siempre según cita el mismo diario, las 18 personas que los servicios secretos habrían admitido haber espiado son Pere Aragonès, entonces vicepresidente de la Generalitat y coordinador nacional de ERC; el secretario de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, la vicepresidenta y líder en Barcelona, Elsa Artadi, y el diputado de esta formación Albert Batet; Carles Riera, diputado de la CUP; Elisenda Paluzie, presidenta de la ANC; el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, y el miembro de la junta Jordi Bosch de Borja; el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, y tres personas muy próximas al expresidente como Joan Matamala, el director de la estructura técnica de la Casa de República en Waterloo, Sergi Miquel, y el responsable de esta estructura, Josep Lluís Alay; el empresario y exconseller de ERC Xavier Vendrell; el presidente del PDeCAT, David Bonvehí, y el secretario general adjunto (y alcalde de Mollerussa) Marc Solsona; y los empresarios tecnológicos Jordi Baylina, Xavier Vives y Pau Escrich.
Paz Esteban, al frente del CNI hasta el día 12, aseguró que el servicio de inteligencia solo ha espiado con autorización judicial a 18 personas de la lista de 65 independentistas afectados por el CatalanGate. En este sentido, destacó que la policía española o la Guardia Civil podrían disponer de softwares similares, así como servicios extranjeros marroquíes o rusos. En este contexto, el diario dice que el Kremlin habría podido tener interés en espiar el independentismo catalán para acumular información y desestabilizar Europa. Por otra parte, también el Marruecos podría tener intereses. La Vanguardia resalta que en Catalunya hay una comunidad procedente del Rif, una región marroquí con aspiraciones de autogobierno. Y señala así que en este sentido, el gobierno podría tener interés en investigar lazos entre movimientos. Esteban sugirió, tirando pelotas sería, que Marruecos podría estar detrás de los 47 casos probados por Citizen Lab y no admitidos por el CNI.
Los espiados tienen derecho a saber por qué
Los argumentos que ahora han trascendido es que el juez permitió el espionaje para "cortar un nuevo intento de atentar contra la unidad nacional", además que algunas personas habrían cometido un delito. Y, se plantea que la autorización judicial del espionaje puede provocar la archivación de las querellas de los espiados con Pegasus. No obstante, los afectados exponen que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH) los ampara a saber, no el resultado de la investigación, sino los motivos por los cuales fueron espiados. Es decir, no hace falta desclasificar documentos, sino conocer las resoluciones del magistrado del Supremo.
Imagen principal: Ernest Maragall y Ada Colau / ACN