El ayuntamiento de Barcelona, que preside Ada Colau, mantiene congelada desde marzo del año pasado la renovación del convenio firmado con la compañía Aigües de Barcelona que debía garantizar el suministro de agua corriente a personas vulnerables.
En abierta contradicción con el discurso político de Colau y la formación que lidera, Barcelona en Comú (BComú), de hacer frente a la pobreza energética garantizando la prestación de los servicios básicos como el agua, se da la paradoja de que el ayuntamiento de la capital catalana es el único de los 23 del área metropolitana firmantes de convenios con Aigües de Barcelona con esta objetivo que, a la práctica, no lo cumple.
La firma de los primeros protocolos con municipios en los que opera Aigües de Barcelona se realizó en los primeros meses de 2017, como es el caso del ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs (25/01/2017), Begues (30/01/2017), Esplugues de Llobregat (02/02/2017), El Papiol (16/03/2017) Cornellà de Llobregat (08/03/2017) o Sant Joan Despí y Sant Climent de Llobregat (15/03/2017). Pero en el caso de Barcelona hubo reticencias desde el principio y no fue hasta el 1 de marzo de 2019 que los responsables del ayuntamiento de la capital catalana suscribieron el acuerdo.
Emergencia sanitaria
La poca predisposición del equipo de Colau se evidenció, además de la tardanza en firmar el protocolo, en las condiciones que exigió para aceptar el acuerdo. Así, mientras la mayoría de los convenios firmados con los ayuntamientos se mantienen vigentes mientras una de las partes no indique lo contrario, en el caso de Barcelona se estableció para cuatro años y con renovaciones anuales. La primera renovación, prevista para marzo del año pasado, no se llevó a cabo, lo que supone, a la práctica, que el acuerdo está suspendido en plena pandemia de coronavirus, pese a los efectos económicos y sociales añadidos por la situación de emergencia sanitaria a situaciones que ya eran de vulnerabilidad.
De los 23 ayuntamientos con convenios -incluyendo el de Cerdanyola, que lo firmará próximamente- solo los de Cornellà de Llobregat, Gavà, Hospitalet de Llobregat y Badalona los firmaron para un período de 4 años. Barcelona lo hizo para 4 con renovación anual y el de Sant Feliu de Llobregat para 3 años.
¿Cómo funciona el convenio?
Aigües de Barcelona empezó a consensuar protocolos de actuación con los municipios a los que presta servicio después de la entrada en vigor de la Ley 24/2015 de 29 de julio de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. El objetivo es garantizar el suministro de agua corriente a las personas que no pueden pagarlo por falta de recursos.
Ante situaciones de impago, Aigües de Barcelona solicita un informe a los servicios sociales del ayuntamiento para determinar si la persona titular del contrato o su familia se hallan en situación de riesgo de exclusión residencial. Una vez se confirma la situación de vulnerabilidad, la compañía garantiza de immediato el suministro de agua así como las ayudas al efecto.
Además, el protocolo establece un flujo de comunicaciones en casos de vulnerabilidad que los servicios sociales no tienen detectados. En esas comunicaciones de la compañía se informa al usuario de la posibilidad de regsistrar su situación en los servicios sociales de su ayuntamiento, con lo cual, Aigües de Barcelona puede actuar. Ello permite aflorar situaciones de vulnerabilidad difíciles de detectar por los ayuntamientos.
Por ello, la pasividad del ayuntamiento de Barcelona dificulta el acceso de los servicios sociales a personas que se enfrentan por primera vez a situaciones de vulnerabilidad o que se ha acentuado la que ya padecían a causa de la crisis económica y social provocada por la pandemia.