La primera reacción de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ante la citación judicial para declarar como investigada por supuestas subvenciones irregulares a varias entidades ha sido la de expresar su "perplejidad", confiar en que la querella quedará "en nada" y considerar que está "fuera de lugar" plantear su renuncia al cargo. De hecho, ha recordado que la causa ya fue archivada en su momento y ha confiado en que esta vez vuelva a pasar lo mismo. Con todo, las acusaciones de las que es objeto la alcaldesa podrían ser motivo de renuncia según el mismo código ético de Barcelona en Comú, un documento donde la formación establecía varios compromisos que, con el paso del tiempo, no han sido seguidos a rajatabla.

Así, entre los puntos del código ético destaca el 3.6, que textualmente exige a sus cargos el "compromiso de renuncia o cese de forma inmediata de todos los cargos, ante la imputación por la judicatura de delitos relacionados con corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, soborno, malversación y apropiación de fondo públicos ya sea por interés propio o para favorecer terceras personas. Así como también en casos de acusación judicial por delitos de racismo, xenofobia, violencia de género, homofobia u otros delitos contra los derechos humanos o los derechos de las personas trabajadoras".

Hay que recordar que, tal como se supo el martes por la noche, Colau tendrá que declarar ante el juez el 4 de marzo en calidad de investigada por los delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de dinero público, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas, y, por lo tanto, en aplicación estricta del código ético, debería dimitir, ya que el concepto de imputado ha sido sustituido por el de investigado, aunque ya ha anunciado que no tiene intención de renunciar al cargo.

 

En todo caso, tampoco será el primer caso en el que Barcelona en Comú se salta su propio código ético. Ya lo hizo, por ejemplo, en julio del 2019, al inicio del segundo mandato de Ada Colau, cuando los concejales de BComú decidieron subirse el sueldo un 27%, que se convirtió en un 40% en el caso específico de Colau. Según el punto 3.4 del código ético, los concejales se comprometían a cobrar sólo 2.200 euros netos y a dar la diferencia con el sueldo oficial, que es sensiblemente superior, a entidades sociales. Pues bien, en 2019 se decidió que, a causa de la sobrecarga de trabajo que comportaban sus empleos, se subirían el sueldo, reduciendo así las aportaciones a entidades. En la actualidad, Colau cobra 3.191 euros mensuales netos, casi mil más de los que prometieron en el código ético.