El Ajuntament de Barcelona ha tenido que retirar las sanciones administrativas contra la inmobiliaria Vauras Investment, por valor de 417.000 euros, después de que un juez notificara al principio de abril en el consistorio que en el momento de aplicar las sanciones para no ofrecer alquiler social, la ley de la vivienda 17/19 ya estaba tumbada por un recurso de inconstitucionalidad, según informa TOT Barcelona. Así, la decisión del juez ante el recurso a las sanciones que presentó el fondo buitre, ha considerado que las sanciones son inconstitucionales: en el momento de tramitarse, aquel artículo de la ley catalana 17/2019 de medidas de emergencia de la vivienda estaba suspendido. Sobre este conflicto, Colau ya recibió un varapalo importante a finales de abril, cuando se abrió una nueva causa penal contra la alcaldesa y tres integrantes de su equipo de BCNComú, ya que la Audiencia de Barcelona estimó parcialmente la querella que había presentado Vauras, considerada un fondo buitre, y ordenó al juzgado de instrucción 18 de Barcelona que investigas las acusaciones de coacciones y de prevaricación administrativa contra Colau y su gobierno. Sostenía así, que habrían amenazado los titulares de la sociedad de paralizarlos las obras si no destinaban una parte a pisos sociales. Con todo, la Audiencia Nacional desestimó la denuncia por extorsión, ya que no habría existido violencia, el delito de sobornos y el de revelación de secretos.
Las explicaciones del Ajuntament
En el momento que la administración de Colau impuso las sanciones administrativas contra esta inmobiliaria que los ha acabado denunciando, argumentaban que estaban por no haber ofrecido un alquiler social en seis viviendas, tal como reclama el decreto del gobierno catalán 17/2019. Entonces, a principios de marzo del 2020, antes del estallido de la covid, Lucía Martín, una de los tres concejales del partido de Colau contra los que se ha abierto una causa penal, explicaba que el expediente era por "no haber ofrecido alquiler social a seis familias que lo ocupaban hasta finales del 2 de marzo". Según la concejala, la multa por|para estas faltas podían llegar a ser de 90.000 euros, hecho que elevaba al total además de medio millón. Finalmente, fueron 417.000, por debajo de lo que marcaba esta ley que ahora un juez ha considerado que ya estaba cogida por un recurso de inconstitucionalidad. "No queremos cobrar estas sanciones, queremos obligar a las grandes entidades que han provocado esta situación de emergencia habitacional a corresponsabilizarse y buscar soluciones que no pueden recaer solamente en el Ajuntament, sino también en estos grandes propietarios que se han enriquecido".
La oposición había reprochado a la alcaldesa su favorecimiento al movimiento okupa por el ocupación del bloque de la calle Lleida, llamado Bloc Llavors, denunciado por Vauras, y que causó mucha polémica por la actuación de los Mossos. Justo el día en que se supo que la alcaldesa tendrá que responder ante el juzgado por coacciones en la inmobiliaria, el Movimiento por la Vivienda de los Países Catalanes inicia una campaña anti-represiva, con el lema Us Acusem, defendiendo las 22 personas encausadas por el desahucio del Bloc Llavors, con un acto ante el Parlament y donde se acusa el president Pere Aragonès de permitir este acoso.
El equipo de Colau, contundente
Ante la querella, desde el gobierno de Colau se mostraron muy contundentes. "Pronosticamos que la querella quedará archivada", dijo el concejal de Derechos de Ciudadanía y del distrito de Sants-Montjuïc, Marc Serra, delante la reapertura de la causa penal contra Colau; lo mismo Sierra; la concejala de Vivienda, Lucia Martín, y la responsable del departamento de Disciplina de Vivienda e Inspección, Fuensanta Alcalá. En una comparecencia ante los medios de comunicación, Serra consideró que todo se trata de una "operación especulativa en el Poble-sec" por parte del fondo de inversión, "saltándose la legislación". "Se nos acusa de aplicar la legislación de vivienda, que protege los derechos de los vecinos", defendió al concejal.
Nueva causa penal contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y tres integrantes de su equipo de Barcelona en Comú. La Audiencia de Barcelona ha estimado|amado parcialmente la querella que presentó la sociedad Vauras Investments y ordena al juzgado de instrucción 18 de Barcelona que no admitió a trámite la denuncia, que investigue las acusaciones de coacciones y de prevaricación administrativa contra Colau y su gobierno, al sostener que habrían amenazado los titulares de la sociedad de paralizarlos las obras si no destinaban una parte de sus bloques|blocs en pisos sociales. La sociedad también los denunciaba por extorsión, que el tribunal rechaza, ya que sostiene que no ha existido violencia, ni tampoco el delito de soborno, ni el de revelación de secretos. Así, ahora, el juzgado tendrá que pedir los expedientes bajo sospecha y citar a declarar los investigados que, además de Colau, son: Lucia Martín, concejala de Vivienda; Marc Serra, concejal de Derechos de Ciutadanaia, y Fuensanta Alcalá, responsable del departamento de Disciplina de Vivienda e Inspección. La fiscalía, como la magistrada Carmen García, no consideraba que había indicios delictivos.