Segunda petición de archivo. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha solicitado, por segunda vez, al juez que la investiga por  conceder subvenciones a entidades afines, que  archive el caso,  porque de las declaraciones e informes aportados revelan “ausencia de irregularidad”,  y contradicen lo que se afirma en la querella de la  Asociación Para la Transparencia y la Calidad Democrática. El titular de instrucción 21 de Barcelona  no aceptó decretar el archivo de la causa el febrero pasado, en afirmar que la admisión a trámite de una querella no permite ese paso y que hacía falta una mínima instrucción, como también  compartió el fiscal anticorrupción. No obstante, ahora el fiscal  ha mostrado su rechazo abierto a pedir más información, como solicitaba a la acusación popular, en considerar que "es una investigación prospectiva". El  magistrado Ignacio Sánchez tendrá que resolver ahora las dos peticiones.

En el escrito, de 19 páginas y difundido hoy, los abogados de la alcaldesa, Olga Tubau y Àlex Solà, afirman que los expedientes e informes aportados a la causa “constatan la corrección en la tramitación administrativa de los expedientes de subvención por convenio que eran la base de la querella”. En concreto, los concedidos al Observatorio DESC, la PAH y Enginyers sense Fronteres, entre otros. También aseguran  que en la adjudicación de las ayudas hay  “la absoluta falta de intervención directa o indirecta”  de la alcaldesa. Es más, precisan que Colau, en acceder al cargo, “eliminó la facultada ejercida por alcaldes anteriores, de otorgar directamente subvenciones, pidiendo que esa facultad se delegase en las distintas gerencias” del Ayuntamiento.

Interventora

Los abogados añaden, que además de los expedientes, es clave la declaración como testigo en el juzgado de la  interventora delegada del Ayuntamiento, Carmen Torres,  que corroboró la adecuación de las ayudas y que  las objeciones que presentó no eran   irregularidades ni hechos delictivos.  Precisan que la instrucción practicada y el contenido de los expedientes administrativos que son cuestionados en la querella, permiten concluir que la disposición de los fondos públicos concretados en estas subvenciones, ha venido presidida por la sucesión de actos administrativos tendentes al control de la dotación presupuestaria y al correcto destino de los mismos, llevados a cabo por la Gerencia del Área de Drets Socials del Ajuntament de Barcelona. “La declaración de la interventora pulveriza la totalidad de las conclusiones incriminatorias de la acusación popular”, afirman los abogados de Colau, y concluyen: “Estamos en hechos que no tienen relevancia penal."

Además, precisa que se han aportado a la investigación abundante documentación: convenios y subvenciones cuestionados; informes diversos de la Intervención General del Ayuntamiento de Barcelona; informes de la Secretaria General del Ayuntamiento de Barcelona sobre determinados aspectos de los expedientes administrativos, así como sobre cuestiones de tramitación y funcionamiento municipal sobre el caso.

Informe

La defensa de Colau también precisan que aportó un informe sobre la evolución de las subvenciones municipales del 2014 al 2020, sol·licitada por el PP,  el cual refleja cómo se han ido implementando algunas de las propuestas de mejora hechas por la Intervención, como nominar las subvenciones recurrentes en los presupuestos, así como la conveniencia de recurrir a expedientes de concurrencia, de tal manera que entre el 2014 y el 2020, la tipología de subvenciones nominativas tienen una tendencia creciente, y ha pasado de menos del 3% en 2014 al casi 17% del año 2020. La tendencia es la del incremento del importe subvencionado mediante el procedimiento ordinario de concurrencia competitiva, llegando a ser más del 60% en el año 2020 cuando el año 2014 no llegaba al 40% sobre el total. También -se precisa- se está reduciendo sustancialmente el importe subvencionado por la tipología de subvenciones directas excepcionales, que en el año 2020 representan el 23% del importe subvencionado, cuando en el año 2014 eran casi el 60% del total. Finalmente, añaden que de las entidades cuestionadas reciben ayudas antes que Colau fuera alcaldesa, como el Observatorio de Derechos Humanos DESC  desde el 2008. 

Por todo ello, piden al juez que archive la causa contra Colau  en no existir indicios del delito de prevaricación y el de malversación de fondos.