Semana complicada para Ada Colau, que continúa en el punto de mira. El gobierno de Barcelona ha renovado en dos ocasiones las ayudas a entidades afines después de que en diciembre de 2016 el interventor del consistorio hubiera cuestionado la concesión directa y continuada de subvenciones municipales a organizaciones como el Observatorio Desc, que contrató a la alcaldesa de Barcelona antes de que decidiera dar el salto a la política. Estas subvenciones ahora las ha decidido investigar la Fiscalía.

Tal como recoge El Mundo, dos años después del aviso del funcionario, el 27 de diciembre de 2018, el Ejecutivo de Colau formalizó otro convenio con el Observatorio Desc, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Alianza contra la Pobreza Energética e Ingeniería sin Fronteras, acompañado de una "dotación económica directa" de 324.600 euros y que se alargó hasta agosto del 2020, según consta en el mismo registro de convenios del ayuntamiento.

Una vez finalizado este convenza, la Gerencia de Derechos Sociales, tal como recoge el rotativo, concedió otro convenio con las mismas entidades que sirvió para enviar unos 324.600 euros más. Todo, se formalizó el 31 de diciembre de 2020 y se alargará hasta agosto 2022. Es decir, el contrato a la ONG, se alargará mientras se investiga si las ayudas han sido correctamente concedidas o si se ha cometido algún delito a la hora de adjudicarlas.

El mismo diario ya publicó en el 2017 que el interventor había expuesto que esta subvención se va repitiendo desde hace años y que no parece justificado. Así, se ponía en duda esta concesión directa de la aportación. Las subvenciones directas se pueden conceder con carácter excepcional siempre que haya razones de interés público, social o humanitario, pero en este caso, se señala que está descrita como "recurrente".

Más investigaciones

La Fiscalía de Barcelona ha abierto esta semana, el martes concretamente, diligencias de investigación para averiguar si la alcaldesa y otros miembros de su equipo trabajaron también en el Desc, como la exconcejala Gala Pin, y cometieron delito al conceder 3,4 millones de euros en subvenciones a entidades con las cuales han tenido vínculos profesionales.

La denuncia sostiene que podrían existir delitos de prevaricación y fraude en la contratación y malversación y tráfico de influencias.

Colau, de momento, defiende que no hay "ninguna causa" sobre el caso.

 

 

Imagen principal: la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau / ACN