Pocos desahucios resuenan incluso antes de producirse. El del gimnasio social Sant Pau es uno de ellos. La justicia ha marcado en el calendario el 20 de enero de 2021 como el día que este centro, que hace una gran labor en el distrito de Ciutat Vella de Barcelona, dejará definitivamente de existir.
Aunque sus miembros todavía no tiran la toalla, se ha llegado a este extremo después del olvido reiterado durante dos años del gobierno de la alcaldesa Ada Colau, que, sorprendentemente, dio su palabra antes de las últimas elecciones municipales y en plena campaña se comprometió a sumar esfuerzos para salvarlo.
La cronología de este centro es esencial para entender los despropósitos que han llevado a la situación actual. Este espacio se gestiona en forma de cooperativa y sobrevive sin contrato de alquiler desde el pasado 30 de junio. Los problemas iniciales empezaron el año 2016 con unas pérdidas económicas insostenibles. El compromiso de Colau fue evitar un primer desahucio y comprar una parte del edificio de al lado, que formaba parte de la misma propietaria, la familia Ensesa. Frenaban el golpe y tenían margen para trabajar conjuntamente.
Se instala un narcopiso en el espacio comprado por el Ayuntamiento
Sorprendentemente, el espacio que adquirió el Ayuntamiento sufrió una ocupación y se instaló un narcopiso que afectó, de rebote, a las condiciones de las infraestructuras del gimnasio. Abandonado, sin cuidado ni ningún tipo de vigilancia, acabaron sufriendo inundaciones por la falta de mantenimiento y el Instituto Municipal de la Vivienda cerró el Sant Pau durante ocho meses.
Ernest Morera, miembro de la Cooperativa del gimnasio social Sant Pau, admite que no tenían nada que decir: "Ante un peligro, lo primero es la seguridad". La incredulidad llegó porque unos problemas que parecían difíciles de solucionar se arreglaron con el trabajo de unos operarios en tan sólo cinco días. Pero el daño ya estaba hecho: tantos meses cerrados comportó que el gimnasio pasara de facturar 200.000 a 100.000 euros el año 2018.
Nuevamente, la fuerza de los vecinos hizo que se reunieran 21.047 firmas para pedir ayudas y que no se cerrara. Se consiguió con el esfuerzo de los mismos trabajadores que se redujeron el sueldo un 40% durante un año. El 25 de mayo del 2018, llega un segundo pago que tiene que hacer el Ayuntamiento a la propiedad. Está marcado en la misma sesión del pleno, pero eso no llega nunca. Tampoco el compromiso de sacar adelante la remodelación definitiva del espacio y destinarlo a vivienda protegida.
Oportunismo electoral
El gimnasio Sant Pau tiene una finalidad social muy definida: 948 personas en riesgo de exclusión social procedentes de 57 entidades diferentes no pagan los servicios prestados. Colau aprovechó para prestar los mismos servicios a personas vulnerables que venían con un sello acreditado y por el cual el gimnasio no fue avisado ni tampoco podía asumir por capacidad económica.
Los miembros de la cooperativa pidieron que los gastos de las 353 personas adicionales se asumieran por parte del consistorio. Unos gastos correspondientes al 2018 y buena parte del 2019. Precisamente, este año llegan las elecciones municipales y seis alcaldables, entre ellos Ada Colau, se comprometen durante la campaña a cubrir los pagos pendientes.
Actividades interiores / Foto: Gimnasio Social San Pau
Morera destaca que en ningún caso han pedido nunca subvenciones, sino "las facturas de los servicios prestados pendientes". Unos servicios como cincuenta duchas diarias o las provisiones necesarias para los más vulnerables. Este asunto se resolvió conjuntamente con la Generalitat de Catalunya y aquí vino otra decepción con Colau: "El gobierno catalán cumplió y a través de su obra social ingresó el día que tocaba 135.000 euros. Desde el Ayuntamiento de Barcelona, los 192.000 euros que tenían que pagar todavía no han llegado".
Sobreesfuerzo en tiempo de coronavirus
Desde el pasado 14 de marzo, este centro social ha cubierto 14.000 duchas, 10.000 mudas y ha ofrecido 10.000 comidas. Un trabajo incansable de los miembros de la cooperativa que ha sumado unos gastos de 42.000 euros, donde también se incluye el sueldo de seis trabajadores y tareas de desinfección. Morera lamenta que Colau justifique que no le han dado la espalda al centro con el pago de estos servicios. Unos servicios que también han ayudado a la función pública y que en ningún caso cubren la deuda anterior. Y así se llega a un callejón que parece no tener salida.
Las deudas han seguido y Morera lamenta que el Ayuntamiento, con su inacción y no cumpliendo los acuerdos marcados, ha favorecido el desahucio: "Conocemos la propiedad y la familia Ensesa está poniendo el espacio por encima del precio de mercado, por unos siete millones, cuando tendría que ser de 5,2".
Además, como el gobierno de Colau no inició los trámites para decretar que fuera un espacio destinado a la vivienda protegida, los planos urbanísticos de los propietarios han podido salir adelante con un precio más elevado de lo que es realmente. Desde el gimnasio Sant Pau lamentan que si el Ayuntamiento "no tenía dinero, podrían haber empezado por trabajar y poder expropiar, tal como se marcó en el plenario". Justifican esta acción porque el espacio también forma parte del patrimonio de la ciudad y es una casa fábrica.
La singularidad del espacio
Una casa fábrica es una construcción del siglo XIX donde los trabajadores vivían en el mismo sitio que la fábrica. Entre el espacio de Santa Caterina y el Raval, Morera defiende que hay 33: "Todas están protegidas, ¿hay que perder ahora la que suma 33?". El objetivo de trabajo es un proyecto de alquiler de vivienda social que daría solución a muchos problemas del barrio. Lo único que piden es que "como mínimo, el Ayuntamiento consiga que los propietarios que sienten y llegar a un acuerdo. Además, estaría bien que comprara el espacio, que era su compromiso inicial".
El año 1940, cuando se construyeron los baños populares que ahora son el gimnasio social Sant Pau, se hizo un malabarismo estructural para hacer la piscina debajo de la casa fábrica, que entonces todavía no tenía cien años. Si tuviera la catalogación patrimonial B, la propiedad estaría obligada a conservar esta casa fábrica. Pero el edificio sólo disfruta de la protección D: hay que documentarlo, pero se puede derribar si no tiene la B.
Silencio de Colau
"Que Colau ejerza de alcaldesa". Hace más de dos años que el problema está encima de la mesa y la cooperativa asegura que tan sólo "accidentalmente" han contactado con la alcaldesa. Finalmente, desde el consistorio han justificado que este tema lo lleva Gerencias y Comisionados: "Nos dijeron que se lo mirarían, al final todo son sólo buenas palabras e intenciones".
Por todo ello, el Sant Pau se vuelve a movilizar. El próximo 3 de octubre han convocado una cadena humana, con las medidas marcadas por el coronavirus, que irá desde el gimnasio hasta el Ayuntamiento. Morera lo tiene claro: "Nos dejaremos la salud y la alcaldía puede sufrir un desgaste, pero no nos cabe duda de que nosotros salvaremos el Sant Pau".
La oposición ha cargado contra la alcaldesa. La concejala de Junts per Catalunya Elsa Artadi considera que se ha demostrado "la gran farsa de Colau" y ha añadido: "El gobierno que supuestamente más trabaja para los desfavorecidos, permitirá el desalojo de uno de los espacios donde se hace una labor social de vital importancia para nuestros vecinos y vecinas".
Esquerra también pide que Colau escuche: "Garantizando los derechos básicos de una persona, poder hacer una comida como mínimo y unas condiciones de higiene y salubridad. Ada Colau, dejemos ya de perder proyectos como estos y luchemos por ayudarlos".
Desde el gimnasio insisten en que no se trata de entrar en ninguna guerra personal con los comunes y la alcaldesa, pero no niegan la evidencia: "No han cumplido su palabra. No se trata de tener buenas o malas relaciones, sencillamente nosotros actuamos como unos profesionales que queremos preservar el beneficio de nuestro barrio", el de la ronda de Sant Pau 46, en el Raval, Ciutat Vella.