El nuevo gobierno municipal de Barcelona, liderado por el socialista Jaume Collboni, todavía no ha llegado a los cien días de gobierno -habrá que esperar hasta el 25 de septiembre para ese hito, justo al final de las fiestas de la Mercè-, pero de momento, el ejecutivo monocolor del PSC ha empezado a definir perfil propio y, al mismo tiempo, marcar distancias con el mandato precedente, con Ada Colau como alcaldesa y con el mismo Collboni como primer teniente de alcaldía. Bajo el paraguas genérico del llamado Pla Endreça, los socialistas han iniciado una política de reversión de muchas actuaciones del anterior gobierno, hasta cierto punto olvidando que el PSC también formaba parte de él y, de rebote, dificultando que pueda haber un acuerdo a corto plazo con los comunes para entrar a formar parte del gobierno.
Así, mientras Barcelona en Comú insiste en llamar a la puerta de la gobernabilidad, asegurando que un gobierno con 10 concejales no tendrá estabilidad a lo largo del mandato -y con ERC asumiendo el rol de oposición y desmarcándose de urgencias para entrar en el gobierno municipal-, el PSC parece querer aprovechar esta situación de interregno actual, con la investidura española como elemento de peso para ralentizar eventuales pactos en Barcelona y con el inicio de las negociaciones de presupuestos como probable fecha límite para tener libertad de movimientos, para poner el máximo de orden posible en el legado Colau, apuntando a iconos del anterior mandato, como el urbanismo táctico o las relaciones con Tel Aviv.
El urbanismo táctico de la calle Pelai, borrada de la noche a la mañana
Entre las actuaciones de reversión que se han llevado a cabo este verano, una de las más significativas ha sido la reconversión de la calle Pelai, que ha perdido su carril de urbanismo táctico. El pasado 7 de agosto, en medio del periodo vacacional, el Ayuntamiento de Barcelona inició las tareas de desmantelamiento del carril ganado para los peatones en marzo de 2021, en plena explosión del urbanismo táctico, como medida para luchar contra la pandemia de la covid-19, para situar en el espacio recuperado plazas de aparcamiento de motos y bicicletas, así como zonas de carga y descarga. Si desde el ayuntamiento se defendió la reversión por "el uso, prácticamente nulo, por parte de los peatones", los comunes reaccionaron tildando la actuación de "retroceso" en el modelo de ciudad.
Barcelona y Tel Aviv, hermanados de nuevo
En el contexto internacional, el segundo mandato de Colau tuvo un punto álgido en febrero de este mismo año, cuando de manera unilateral, la alcaldesa decretó la suspensión de las relaciones de hermanamiento con la ciudad israelí de Tel Aviv como respuesta a una campaña cívica que acusa a Israel de aplicar el apartheid a la población palestina. Además, la alcaldesa optó por la vía del decreto por romper relaciones, aunque las mismas entidades pedían que la cuestión se debatiera en pleno municipal. De hecho, cuando la cuestión llegó al plenario fue rechazada por la totalidad de los partidos excepto los comunes y desde el primer momento el PSC se posicionó en contra de la decisión de Colau. Por todo ello, era evidente que después del 28-M, cualquier alcalde de Barcelona que no fuera Colau incluiría el restablecimiento de las relaciones en sus primeras acciones de gobierno, como finalmente ha hecho Collboni justo al inicio de septiembre.
Pierde peso la oposición al aeropuerto del Prat
Otro punto donde se refleja este cambio de orientación política del Ayuntamiento de Barcelona es en el posicionamiento con respecto a la eventual ampliación del aeropuerto del Prat. A pesar de no es ninguna novedad que el PSC siempre ha estado de acuerdo con la ampliación y los comunes en contra, el cambio de roles surgido después de las elecciones municipales ha hecho perder peso a los opositores de la ampliación, que solo cuentan con la alcaldía del Prat de Llobregat como baluarte. Con el PSC en la alcaldía de Barcelona los planes de AENA de ampliar el aeropuerto parecen ahora mucho más factibles, aunque eso pueda condicionar una eventual entrada de los comunes al gobierno municipal de la capital de Catalunya.
Radares escolares, fuera de uso en verano
La implementación de radares para regular el tráfico en entornos escolares comportó la apertura de un debate sobre la necesidad de que estos aparatos funcionaran -y multaran- las 24 horas de los 365 días del año, ya que si la intención era proteger a los escolares, no tenía sentido su funcionamiento en periodo de vacaciones. Después de entrar en servicio en enero de 2023, en febrero Barcelona en Comú y PSC, con el apoyo de ERC, rechazaron una propuesta para desactivarlos durante las vacaciones de verano o los fines de semana. Ahora bien, en un giro de guion inesperado, una vez con las riendas del gobierno municipal, los socialistas optaron por flexibilizar el funcionamiento de los radares, que han dejado de funcionar a lo largo del mes de agosto para volver a entrar en servicio en septiembre.
Marcha atrás con los ecochaflanes
Dentro de la política de los comunes de convertir el máximo espacio posible de la ciudad en zonas verdes, en abril del 2022 el gobierno municipal dio a conocer su propuesta de ecochaflanes, es decir, la ocupación de las zonas de aparcamiento y carga y descarga de los chaflanes del Eixample para aprovecharlos como miniislas verdes. Se tenían que hacer cuatro en la calle Aragó, en los cruces con las calles Viladomat, Comte d'Urgell, Nàpols y Entença, pero en julio el nuevo gobierno municipal decidió dar marcha atrás, aunque el proyecto estaba incluido en los presupuestos participativos y frenar este proyecto defendido por Barcelona en Comú.
Política de vivienda a revisión
Con respecto a la política de vivienda del PSC, todo apunta que no será la misma que la aplicada por el gobierno de Ada Colau, que ha hecho bandera de la reserva obligatoria de un 30% de los pisos de nueva edificación al alquiler social. A lo largo del último mandato, los comunes han hecho un importante gasto en la compra de edificios en todos los distritos de la ciudad y en la edificación de pisos a partir de contenedores marítimos, además de defender la reserva del 30%, mientras que Collboni ya ha señalado que su intención es la de modificarla, ya que, según afirmó a finales de junio, "es un freno a la inversión privada".
Mano dura con los manteros
A pesar de ser una actividad ilegal, la venta ambulante del colectivo de los manteros parecía estar tolerada durante los mandatos de Ada Colau, pero con el gobierno monocolor del PSC esta situación ha cambiado. Aunque Albert Batlle, que tanto en el anterior mandato como en este ha ejercido de principal responsable en materia de seguridad, ha asegurado esta misma semana que no es nueva la política de presión sobre los vendedores ambulantes, el hecho es que el propio colectivo de manteros ya ha denunciado un incremento de la persecución policial e incluso, en los últimos días, se ha llegado a enfrentamientos con la Guàrdia Urbana que hacía años que no se producían en Barcelona.
El último desacuerdo, Consell de Cent
Quizás a la larga la sentencia que obliga a revertir el Eje Verde de la calle Consell de Cent quedará en nada una vez Barcelona Oberta ha renunciado a exigir la ejecución, pero este episodio ha permitido visualizar el último desacuerdo entre los comunes y los socialistas en Barcelona. Si los primeros han defendido completamente el modelo Supermanzana aplicado al Eixample, los segundos han combinado el gesto de anunciar un recurso al aviso de que, a partir de ahora, las transformaciones urbanísticas se harán "desde el diálogo y el consenso" y no desde "la confrontación y el conflicto", una alusión directa a las maneras de hacer de Ada Colau y Janet Sanz, que tampoco parece allanar la entrada de los comunes en el gobierno municipal de Barcelona.