Nueva querella contra el gobierno municipal de Ada Colau. En este caso, el titular del juzgado de instrucción 27 de Barcelona ha aceptado investigar Eloi Badia (Barcelona en Comú), que es concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica y del distrito de Gràcia, y cuatro técnicos por supuestamente "haber cedido a dedo" un local a Gracia a una asociación juvenil, según recoge una querella de una comunidad de propietarios del barrio, y que "provoca muchos problemas de convivencia". En la resolución, el magistrado Francesc Xavier Paulí admite a trámite la querella por los delitos de prevaricación y malversación de fondos, con el visto bueno de la fiscalía, y cita a declarar al político y a los técnicos como investigados el próximo 23 de septiembre.
En la querella, la comunidad de propietarios de la calle Torrent de l'Olla 203 expone que el 21 de septiembre de 2017 el Ayuntamiento cedió el local situado en esta misma calle, con acceso principal por la calle Nil Fabra, que era una antigua comisaría de la policía española y propiedad del Patronato Municipal de la Vivienda, a la Asociación de Jóvenes de Gracia. El local ya estaba ocupado por los jóvenes con el nombre Casal Popular Tres Lliris. Precisa que se hizo un convenio de cesión, pero que este fue a dedo, sin concurso público, y que el Ayuntamiento no les cobra ningún alquiler. También asegura que continuamente hacen fiestas "incluso con la pandemia de la Covid-19", y" crean problemas con los vecinos", y continuamente tienen que llamar a la Guardia Urbana de Barcelona.
El año 2020 pusieron en conocimiento estos hechos a la fiscalía de Barcelona, que después de una investigación, cerró las diligencias. Ahora, los querellados aseguran que tienen más información de estas supuestas irregularidades, como que no se les haya querido mostrar el convenio de cesión de uso del local. Por eso acusan Badia y los otros cargos de dejadez en sus funciones.
Investigados
Además del concejal, los otros investigados son: Pere Camps, anterior gerente del distrito de Gracia; Rufino Garcia, jefe del departamento de servicios jurídicos y actual gerente del districto; José María Raya, quien fue director del departamento de servicios a las personas y al territorio de Gracia, y Maria Àngels Mira, quien fue gerente del Patronal Municipal del Habitatge. Todos ellos han sido citados a declarar como investigados por los delitos de prevaricación y malversación de fondos el 23 de septiembre en el juzgado de Barcelona.
Incineradora
No es la primera causa contra Bahía en los juzgados. El marzo pasado, la Fiscalía de Medio Ambiente denunció al presidente de la empresa pública Tersa, que es el concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica del Ayuntamiento de Barcelona, por considerarlo responsable, junto con el director, de varios episodios de combustión irregular en la incineradora de Sant Adrià de Besòs, que habrían comportado la emisión de contaminantes en concentraciones superiores a las permitidas entre los años 2015 y 2019. El concejal barcelonés aseguró que no ha habido irregularidad ni ningún impacto negativo en la ciudadanía. Por ahora, el juzgado de instrucción 5 de Badalona no los ha citado a declarar. La fiscalía ha pedido que se requiera información al Departament de Medio Ambiente de la Generalitat sobre los controles que hacía a la incineradora.