Este martes, 18 de febrero, precisamente el día que estaba previsto el desahucio de Josep Torrent, vecino de la Casa Orsola, evitado una vez el Ayuntamiento de Barcelona anunció la compra del edificio, el Sindicat de Llogateres ha anunciado la convocatoria de una nueva manifestación para reclamar que se bajen los precios de los alquileres y "que la vivienda deje de ser para especular". La manifestación tendrá lugar el sábado 5 de abril y se incluirá en una jornada de movilizaciones en todo el Estado español. En el caso de Barcelona, esta se iniciará a las 18 horas en la plaza de Espanya y se espera que lleguen varias columnas desde diferentes puntos del país.
Por medio de un comunicado, el Sindicat de Llogateres ha dado a conocer esta nueva movilización haciendo un llamamiento a "llenar las calles" y apuntando que "los precios desorbitados de los alquileres son la principal causa de empobrecimiento de la clase trabajadora y una barrera para acceder a una vivienda". El mismo colectivo apunta que "el enriquecimiento de una pequeña minoría rentista a costa de ahogar económicamente una gran parte de la sociedad, la impunidad con que opera la patronal inmobiliaria y la imposibilidad de construir proyectos de vida por la falta de acceso estable a una vivienda han encendido la indignación social y ha consolidado el consenso de que la vivienda debe dejar de ser un negocio para convertirse en un derecho".
Bajada del 50% del precio del alquiler
Asimismo, apuntan que en las ciudades turísticas, como es el caso de Barcelona, "la situación es todavía más grave", ya que "los alquileres de temporada y el modelo turístico expulsan a las vecinas de sus barrios y precarizan a las trabajadoras del sector", y por eso reivindican las organizaciones que defienden a los inquilinos, recordando que ya hay una red de sindicatos consolidada en Madrid, Barcelona, Vigo, Asturias, Cádiz, Málaga, Sevilla, Zaragoza i Eivissa. Entre las reivindicaciones de la manifestación se incluye la petición de una "bajada del 50% en los alquileres", así como impulsar los "contratos de alquiler indefinidos", la "recuperación de viviendas vacías, turísticas y alquileres de temporada", el "fin de la compra especulativa" y el "aumento del parque público de vivienda y disolución de la Sareb".
La convocatoria de esta huelga llega pocos días después de la compra de la Casa Orsola por parte del Ayuntamiento, así como la polémica por las informaciones que apuntan que el gobierno Collboni habría archivado expedientes por incumplimientos de la normativa de reserva del 30% de pisos nuevos en vivienda social, extremo que el consistorio ha negado.