Cuando hace unas semanas las tenientes de alcaldía Janet Sanz (Barcelona en Comú) y Laia Bonet (PSC) presentaron conjuntamente el proyecto de plan de usos del Eixample, las dos partes incidieron en las concesiones mutuas para consensuar un acuerdo que tenía como objetivo claro y compartido por las dos fuerzas políticas el de evitar monocultivos como el que se había producido en la calle de Enric Granados. Con todo, cuando la misma propuesta se llevó a comisión saltaron chispas entre los dos socios de gobierno municipal por el alcance de las diferentes zonas de regulación previstas. Desde entonces, pasando por el fiasco del último pleno municipal, Barcelona todavía no ha aprobado un plan de usos, hasta el punto que la alcaldesa ya anunció la convocatoria de un pleno extraordinario para tratar del tema, cuya fecha no está fijada oficialmente, aunque podría ser este mismo viernes. En todo caso, se tiene que convocar con 48 horas de antelación.
¿Ahora bien, por qué corre tanta prisa aprobarlo? Lisa y llanamente, porque están a punto de agotarse los dos años de suspensión de licencias aprobada en 2021 y si no hay plan de usos desaparecerá toda regulación sobre la apertura de nuevos negocios de restauración en el distrito del Eixample excepto los ámbitos de Sant Antoni y de la calle de Girona, que tienen planes de usos propios. Dicho de otra manera, el gobierno municipal ha malbaratado dos años para poder consensuar una regulación que ahora, a causa de los desacuerdos entre los dos socios de gobierno, corre el riesgo de no aprobarse o, en el mejor de los casos, hacerlo sobre la bocina, porque si no está aprobado y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB), el 13 de marzo empezará la barra libre para instalar nuevos bares y restaurantes, incluso en calles como el de Enric Granados.
Por eso mismo, el gobierno municipal tiene prisa, mucha prisa y, supuestamente, se sigue negociando una salida consensuada, aunque la propuesta que el lunes hizo ERC de votar a favor del plan si se incluye una cláusula de revisión para el ámbito de Sant Antoni dentro de un año no ha tenido, de momento, respuesta oficial. Lo que sí que hay sobre la mesa es un informe interno, al que ha tenido acceso elNacional.cat, que expone las consecuencias y efectos de dejar el Eixample sin plan de usos, que recuerda que el 13 de marzo finaliza el plazo de la suspensión y añade que, Sant Antoni y Girona aparte, el resto de calles volverían a estar reguladas por el artículo 15 de la Ordenanza de rehabilitación y mejora del Eixample.
Barra libre de bares y restaurantes
El problema es que esta Ordenanza regula algunos tipos de establecimientos y actividades, como los vinculados con los juegos de azar y bingos o los relacionados con el comercio sexual, pero no regula la restauración. Por eso, según este informe, los restaurantes "no estarían limitados", además de alertar que "una vez agotados los efectos del acuerdo de suspensión, no se puede adoptar ninguno de nuevo, para el mismo ámbito y para idéntica finalidad, hasta que no hayan transcurrido tres años desde la fecha de agotamiento de los efectos", es decir, hasta marzo de 2026 o se podría ejecutar una nueva suspensión.
De hecho, el viernes pasado, justo después de retirarse la votación del plan de usos en el último suspiro, técnicos del ayuntamiento ya alertaron que el 13 de marzo era del todo previsible que se produjera una avalancha de solicitudes de licencias para abrir nuevos bares y restaurantes en el Eixample que deberían ser admitidas, y recordaron que entre la eventual aprobación del plan de usos y su publicación habría un decalaje de 20 a 25 días. Por eso precisamente el gobierno municipal considera de la máxima urgencia aprobar el plan de usos. Ahora bien, si primero no se ponen de acuerdo los dos socios de gobierno, difícilmente se conseguirá nada, aunque se convoque un pleno extraordinario esta misma semana.