Nueva cita en los juzgados para el gobierno de Ada Colau. La concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Lucia Martín; el concejal del distrito de Sants Montjuïc, Marc Serra, y la responsable municipal del departamento de Disciplina de Vivienda e Inspección tienen que declarar este viernes como investigados de un delito de prevaricación administrativa y otro de coacciones al fondo inmobiliario Vauras Investments ante la titular del juzgado de instrucción 18 de Barcelona. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tendrá que declarar por las mismas acusaciones, el próximo lunes. La magistrada Carmen García Martínez y la Fiscalía consideraron que los hechos relatados en querella de esta sociedad, a la cual el gobierno de Colau califica de "fondo buitre", no eran constitutivos de delito, pero la Audiencia de Barcelona, el abril pasado, hizo reabrir la investigación por dos delitos concretos, además de exigir a la inmobiliaria que detallara los expedientes donde consideraba que había alguna irregularidad. La sociedad también los denunciaba por extorsión, que el tribunal rechazó, ya que sostiene que no ha existido violencia, ni tampoco el delito de soborno, ni el de revelación de secretos.
Los hechos se remontan al año 2019, cuando el Ayuntamiento de Barcelona sancionó el fondo de inversión Vauras con 417.000 euros de multa por no haber ofrecido alquiler social a inquilinos del llamado Bloc Llavors situado en la calle Lleida y comprado íntegramente por el mismo fondo, que después se querelló. Y, un mes después de reabrirse la querella parcialmente, el Ayuntamiento recibió una segunda estocada: un juez ordenó que tenía que retirar las sanciones administrativas contra la inmobiliaria Vauras Investment, al asegurar que la ley de catalana 17/19, de medidas de emergencia de la vivienda, ya estaba suspendida porque el gobierno de Pedro Sánchez había presentado al Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad, hecho que obliga a suspender la norma, aunque no haya resolución, cuando quién denuncia es el Gobierno.
Dos reuniones conflictivas
En el interrogatorio de este viernes, Martín, Serra y la funcionaria podrán aclarar si coaccionaron o no a los responsables de Vauras en las reuniones del 31 de octubre de 2019 y del 5 de febrero de 2020. En la resolución, del abril pasado, la sección 8 de la Audiencia de Barcelona, afirmaba que "no cuestiona la facultad ni la competencia que tiene el Ayuntamiento de Barcelona, y las personas que actúan en su nombre, para fomentar la consecución de viviendas de alquiler social para preservar la función social de la propiedad", como fija la normativa del Parlament. "Lo que se censura en la querella —añade el tribunal— y sería repudiable penalmente, si fuera cierto, es que se presione a los tenedores de inmuebles con paralizarles licencias de obras y con causarle perjuicios si no acceden a esta pretensión del Ayuntamiento."
La Audiencia también señalaba que Vauràs tenía que detallar los expedientes donde supuestamente desde el Ayuntamiento se le habrían paralizado obras o licencias, y quien los firmaba. La magistrada ya ha recopilado esta información, facilitada por el consistorio, en la cual se detallará, las incidencias y si alguno de él era firmado o no por la alcaldesa Ada Colau. Por eso, ahora los cita como investigados, como ordenó la Audiencia de Barcelona.
En la foto principal, Lucia Martín, con la alcaldesa Colau, en la rueda de prensa del febrero pasado, en recibir la citación para declarar por la querella de Vauras. / Foto: Martí Petit / Aj. BCN