Un grupo de una cincuentena de vecinos del edificio Venus del barrio de la Mina, en Sant Adrià de Besòs, ha presentado este jueves una reclamación por responsabilidad patrimonial al Consorcio del Barrio de la Mina por la paralización del proyecto de expropiación que tenía que conducir en el derribo del edificio citado, un bloque donde tanto el Síndic de Greuges como el TSJC han considerado que las condiciones de vida son "infrahumanas". Este nuevo grupo se suma al grupo de 50 vecinos y vecinas del mismo edificio que en 2019 ya iniciaron un procedimiento similar por el cual reclamaban 10.000 euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios por cada uno de los años de parálisis injustificada del procedimiento de expropiación y realojamiento.

La raíz del problema se encuentra en la paralización del proyecto de derribo del bloque Venus, con la correspondiente expropiación de los actuales vecinos, que se aprobó el año 2002 dentro del denominado Pla Especial de Reordenació y Millora del Barri de la Mina (PERM) con el objetivo reconocido de implantar una serie de medidas urbanísticas con el fin de impulsar la regeneración de la zona y actuar de forma integral en el ámbito educativo, cívico y de seguridad contra la exclusión y la marginalidad. Una de las principales medidas acordadas en el contexto del PERM era la expropiación de las viviendas del edificio Venus y el realojamiento de las familias que vivían allí, medida considerada primordial con el fin de favorecer el proceso de plena integración social de los habitantes del inmueble y el desmantelamiento de uno de los principales focos de precariedad y exclusión que todavía perviven en el área metropolitana de Barcelona, pero pasados más veinte años, el edificio Venus sigue en pie.

La reclamación del primer grupo de vecinos, presentada en 2019, dio origen a la sentencia del TSJC que obligaba a la Administración a reactivar el proyecto de intervención en el barrio, incluyendo la expropiación del bloque Venus, alertando sobre las "consecuencias imprevisibles e irreparables" de prolongar la "situación de dejadez y degradación del edificio". El mismo tribunal concluía que la parálisis impuesta constituía "una ablación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, por el hecho de impedir [a los vecinos] reaccionar jurisdiccionalmente ante el comportamiento pasivo de la Administración en defensa de sus derechos e intereses legítimos".

10.000 euros por año

A raíz de la sentencia dictada por el TSJC, el pasado 14 de abril de 2023 se publicó la aprobación inicial, por segunda vez, del proyecto de expropiación por tasación conjunta del Edificio Venus. Es por esta razón, y atendiendo al hecho de que la sentencia del TSJC se mostraba tajante a la hora de instar la reactivación del Plan pero no se pronunciaba sobre la reclamación de una indemnización por daños y perjuicios, que la abogada Mariona Torra y el Col·lectiu Ronda han continuado con el procedimiento legal para obligar a la Administración a compensar los agravios y el daño moral causado por la paralización del PERM. "Después de conocer la sentencia, el Consorcio reconoció a los demandantes el derecho a percibir una indemnización, pero de tan solo 5.000 euros por todos los años de paralización del proyecto, nada que ver con los 10.000 euros por año de atraso que nosotros consideramos justo. En esta nueva reclamación, los vecinos y vecinas que no han percibido esta indemnización por no estar personados al primer procedimiento, reclaman que se les otorgue la indemnización que el Consorcio ya ha reconocido en el primer grupo de demandantes y se suman a la petición de ser resarcidos a razón de 10.000 euros por cada año, y ya son 13, que se ha dejado de ejecutar sin razón la expropiación y derribo del edificio Venus", ha explicado Torra.

La abogada ha expresado su deseo que "el nuevo proceso de expropiación iniciado en abril se desarrolle y concluya como tiene que ser, con una expropiación justa y un realojamiento que permita cumplir con los propósitos de regeneración del entorno y lucha contra la exclusión y la marginalidad. El edificio Venus no es solo sinónimo de delincuencia. También es el espacio donde se ha condenado a vivir a muchas familias que, como cualquier otra familia, solo aspiran a vivir en un entorno seguro dónde poder tener las mismas oportunidades que todo el mundo. No podemos tolerar que durante más de 20 años se arrincone un proyecto como este por una cuestión puramente económica. Ni tampoco podemos permitir que en nuestra casa haya gente que, como dice el TSJC, malvive en condiciones infrahumanas ante la indiferencia de la Administración".