Las entidades impulsoras de la medida que obliga a reservar un 30% de vivienda protegida a nuevas promociones o grandes rehabilitaciones se oponen a "cualquier recorte" y llaman a manifestarse el sábado por el derecho a la vivienda. Así lo han apuntado en una rueda de prensa en la cual han asegurado que no se tiene que dar "ni un paso atrás" y en la cual han exigido que cualquier modificación sea para "fortalecer" la medida. De hecho, plantean que la reserva sea obligatoriamente para hacer pisos de alquiler y proponen incrementar la reserva de vivienda protegida hasta el 40%. Carme Arcarazo, portavoz del Sindicat de Llogateres, ha asegurado que es "lamentable" que el gobierno de Jaume Collboni quiera "desmantelar" la medida y "hacerle un favor a la patronal inmobiliaria".

Según las entidades promotoras, las dos vías del PSC para "desmantelar" la medida es excluir las grandes rehabilitaciones y trasladar el 30% a suelo público, que en la práctica, han dicho, quiere decir trasladar la vivienda protegida a la periferia. "No se trata de una modificación para mejorar el 30% sino un recorte en toda regla para que no funcione", ha señalado Arcarazo.

Las entidades impulsoras de la medida han hecho estas afirmaciones después de haberse reunido con el comisionado de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, los grupos de BComú y ERC y la presidenta del Observatori Metropolità de l’Habitatge y presidenta de Hàbitat 3, Carme Trilla, y haber conocido más en detalle las propuestas para modificar el 30%.

"Hay en riesgo 4.000 casas Orsola más"

De acuerdo con las entidades impulsoras, ahora mismo la medida del 30% puede afectar a 3.900 edificios, que son fincas verticales sensibles a sufrir grandes rehabilitaciones. Sin embargo, si se excluyen las grandes rehabilitaciones solo se verían afectadas 95. "¿Collboni está dispuesto a dejar perder Barcelona"?, ha reflexionado Arcarazo, que ha advertido que si se echa atrás la medida hay en riesgo 4.000 casas Orsola más. Ante eso y promesas que creen que "aguarán" la medida, piden dejarla funcionar, que sea obligatoriamente de alquiler el 30% y no de compraventa, e incluso aumentar la reserva del 30 al 40%. Además, piden inspecciones mucho más severas para evitar el fraude y aumentar el presupuesto para adquirir inmuebles que salgan a la venta y ganar más vivienda pública.