Cambio de opinión. La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo (TS) que archive la imputación de Eloi Badia, diputado de los Comuns en el Congreso, en la causa de la incineradora del Besòs y que devuelva la investigación a la magistrada de Badalona, según el informe al cual ha tenido acceso ElNacional.cat este jueves. La investigación se inició por las supuestas emisiones contaminantes de la planta, instalación ubicada a Sant Adrià de Besòs y gestionada por la empresa pública TERSA. En el momento de la denuncia, hecha por la Fiscalía de Medio Ambiente y la asociación vecinal Airenet, Eloi era presidente de TERSA, al ser el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Barcelona. El enero pasado, la titular del juzgado de instrucción 5 de Badalona elevó la investigación al alto tribunal español porque Badia, es aforado en este órgano.
Ahora, la Fiscalía sostiene que "no está suficiente acreditado que Badia hubiera tenido una participación relevante por acción u omisión" en la gestión de la planta, y pide al Supremo que devuelva el caso al juzgado de Badalona para que envíe a juicio al director de la planta del Besòs, del cual sí que ve que hay indicios para juzgarlo por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.
¿Conocedor de las irregularidades?
En concreto, la Fiscalía sostiene que después de la investigación, "no es posible afirmar que Eloi Badia fuera conocedor de estas irregularidades técnicas", que supuestamente "provocaron un riesgo grave de contaminación atmosférica". La asociación Airenet aseguró que se mantenía en el procedimiento penal, y ahora su abogado, Andrés Maluenda, tiene que expresar también su posicionamiento en el Supremo.
Controles, bajo sospecha
Inicialmente, la magistrada del juzgado de instrucción 5 de Badalona decretó el archivo de la investigación de la incineradora del Besòs al asegurar que "no estaba debidamente justificada la perpetración delictiva". No obstante, la Audiencia de Barcelona le hizo reabrir la causa, a petición de las acusaciones, y que lo enviara a juicio. El tribunal seguró que había "indicios fundados y serios" de los hechos y "una imputación clara y concreta" contra los dos investigados y "apoyo probatorio" suficiente del delito ambiental en la planta que quema basura del área metropolitana de Barcelona. Por eso, la jueza elevó la causa al Supremo, por el aforo de Badia, el enero pasado.
La acusación se sustenta en unos informes de la Guardia Civil que indican que en la incineradora del Besòs hay "anomalías en las temperaturas". Detallan que hay indicios que la planta ha incinerado por debajo de los 850 grados, hecho que implica que "en las emisiones no se eliminen las dioxinas y los furanos liberados, que son los que tienen elementos cancerígenos". Además, se precisa que el algoritmo que calcula la incineración no informa de forma directa de estos extremos a la Generalitat.
Ante las acusaciones, la empresa TERSA manifestó que no ha cometido ninguna irregularidad y que ha encargado estudios que demuestran que "cumple con la legislación aplicable y que no representa un riesgo ni para el medio ambiente ni para la salud del entorno".
Sin embargo, la Fiscalía insiste en que la Guardia Civil concluye que "la instalación investigada no se aseguraba la adecuada incineración de los residuos conforme a la normativa ambiente". Y un ejemplo de esta falta de control, es que la Guardia Civil en la revisión le llamó la atención que se registraran temperaturas superiores a los 2.400 grados (e incluso de 10.000 grados) a partir de octubre de 2019, que no se pueden justificar físicamente.
Añade que esta anomalía fue detectada por el organismo público de la Generalitat (DGQA) encargado del control de la planta, varios días de marzo de 2018, y que exigió a los responsables de la planta que pusieran en marcha los quemadores auxiliares si la temperatura de los hornos bajaba de los 850 grados en el proceso de incineración.