La Fiscalía de Medio Ambiente ha denunciado a los responsables de la incineradora de residuos de Sant Adrià del Besòs. El fiscal acusa al presidente y al jefe de explotación de la planta de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, porque, entre el 2015 y el 2019, habría habido varios episodios de combustión irregular que habrían comportado la emisión de contaminantes en concentraciones superiores a las permitidas. El fiscal pide ahora que se establezca la complejidad de la causa, fórmula que permite alargar el plazo de instrucción, que solicita que sea de dieciocho meses. La investigación arrancó en el 2018 de una denuncia de la entidad vecinal Airenet.
El 12 de abril del 2018 la entidad vecinal metropolitana Airenet denunció la incineradora delante de la Fiscalía de Medio Ambiente por prácticas irregulares que provocaban niveles de emisión "muy elevados" de contaminantes, especialmente dioxinas y furanos. Por eso, se decía que la incineradora "envenenaba" la ciudad. El 16 de mayo del mismo año, la Fiscalía abrió investigación, que encargó al Seprona de la Guardia Civil. Aquella investigación concluye ahora que el presidente y el jefe de explotación de la planta "habrían estado haciendo y/o tolerando conscientemente" una serie de prácticas "contrarias a la normativa ambiental aplicable", y que podrían estar suponiendo un riesgo "grave" para la salud de las personas que viven en el entorno, así como para el medio ambiente en general.
Sin control de la temperatura
La normativa prevé que los residuos se tienen que incinerar a 850 grados durante como mínimo dos segundos, medidos en la pared interior de la cámara o en otro punto representativo, previa autorización del órgano competente. Pero de la investigación se desprende que la empresa no hacía el control de temperatura conforme a este precepto, sino que utilizaba un algoritmo basado en unas fórmulas sin que constara que hubiera sido validado por la autoridad competente.
Así, no se habría podido controlar la temperatura de las incineraciones, según manda marca la normativa, y eso podría haber comportado la emisión de contaminantes en concentraciones superiores a las permitidas. En este sentido, la investigación también determina que los archivos de las temperaturas de los tres hornos de la planta correspondientes a los años del 2015 en el 2019 muestran que en "numerosas ocasiones" las temperaturas de combustión fueron inferiores a los 850 grados. En este sentido, recuerda la Fiscalía, "el incorrecto funcionamiento de la incineradora supone un grave riesgo para el medio ambiente y para la salud de las personas".
La posición de la alcaldesa Colau
Antes de empezar su primer mandato como alcaldesa, Ada Colau se comprometió a promover la creación de un operador energético municipal íntegramente sostenible, ya que según su programa municipal, el modelo energético de Barcelona tiene "consecuencias negativas para la salud y el entorno" y al mismo tiempo se comprometía a no llevar más residuos a las incineradoras, como la del Besòs, puesto que favorecen al cambio climático.
Con todo, desde el 2015 y hasta el 2018 que es cuando la plataforma Airenet denunció la incineradora, no solamente no se redujo el volumen de residuos que se llevaban a las incineradoras, sino que fue en aumento. Además, también se propuso utilizar las incineradoras para la eléctrica municipal, pero tuvo que retroceder por la presión de los mismos ecologistas.