La Fiscalía de Barcelona ha pedido el archivo de la causa contra la exalcaldesa Ada Colau que presentó la inmobiliaria Juninmo, a través de una querella, donde la acusa de coacciones por haberle abierto dos procedimientos sancionadores por no ofrecer alquiler social a un inquilino en 2021. El fiscal sostiene que de la actuación municipal no hay ningún ilícito penal. La querella fue aceptada por la titular del juzgado de instrucción 20 de Barcelona, el abril pasado, y también se dirige contra la entonces concejala de Vivienda, Lucía Martín, y contra trabajadoras del SIPHO, servicio municipal destinado a evitar el desahucio de personas vulnerables, así como de la Unidad de Disciplina y del distrito de Gràcia. Esta querella es la segunda presentada por coacciones por una inmobiliaria y la quinta contra la líder de los Comunes cuando encabezaba la alcaldía de Barcelona. Actualmente, todas las querellas han sido archivadas, menos la de coacciones y una sobre subvenciones a entidades afines.
La inmobiliaria expone en la querella que el Ayuntamiento de Barcelona le abrió un expediente sancionador en 2021 por no ofrecer un alquiler social a un inquilino. Añade que tuvo que prorrogar el contrato y cuando el inquilino dejó de pagar el alquiler, tres meses después de la firma, al pedir un nuevo desahucio, los responsables municipales le incoaron un nuevo expediente sancionador, en relación con otro inmueble. Por eso, presentó una querella por coacciones contra la entonces alcaldesa Colau y el equipo de funcionarios y trabajadores sociales.
Ninguna infracción
En el escrito, al cual ha tenido acceso ElNacional.cat, el fiscal sostiene que de las actuaciones municipales "no se desprende la existencia de una infracción penal". Añade que "no constan coacciones para prorrogar el contrato de alquiler a pesar del impago de mensualidades o para ofrecer una alternativa residencial. Este ofrecimiento —indica— no es una imposición de los responsables municipales sino una exigencia legal si se dan una serie de requisitos, que en este caso no se daban y, por eso, después de acreditarse este extremo, el expediente fue archivado". El fiscal también asegura que "no consta tampoco que la querellante hubiera accedido a prorrogar el contrato de alquiler por exigencias de las querelladas ni por amenazas de apertura de expediente, ya que uno de ellos se archivó después de las alegaciones de la querellante y el otro se archivó prácticamente de inicio después de haberse advertido un error material."
El Tribunal Constitucional suspendió el artículo de la ley catalana que obligaba a los propietarios a ofrecer vivienda de alquiler, hecho que obligó a revisar expedientes sancionadores. En este sentido, el único reproche del fiscal al consistorio de Ada Colau es que quizás actuaron con cierto "automatismo" al abrir los expedientes sancionadores, a pesar de que después fueron correctamente revisados
Las causas penales
Ada Colau concurrió a las elecciones municipales del mayo pasado con cuatro causas penales abiertas (Vauras, supermanzanas, subvenciones, Juninmo), en las cuales poco después se añadió una quinta por la suspensión de relaciones del Ayuntamiento de Barcelona con Israel. Actualmente, hay abiertas la causa de la inmobiliaria del caso de Gràcia y la querella de la Asociación por la Transparencia por la concesión de subvenciones a entidades afines, en la cual la Fiscalía también pidió el archivo y la Audiencia de Barcelona la ha hecho reabrir parcialmente.