"Ningún inquilino o inquilina se tendrá que marchar de la Casa Orsola". Con esta contundencia se ha expresado el Ayuntamiento de Barcelona y la entidad del tercer sector Hàbitat 3 después de llegar a un acuerdo para comprar la Casa Orsola por 9,2 millones de euros. Las dos partes han cerrado un acuerdo de compra social colaborativa y aportarán cerca de la mitad del coste de la operación cada una. En la rueda de prensa, el alcalde Jaume Collboni ha explicado que el acuerdo se ha cerrado en el marco de la mediación con la propiedad planteada por el Síndic de Greuges de Barcelona y ha concretado que la propiedad ha aceptado formalmente la oferta esta misma mañana. El alcalde ha asegurado que la fórmula acordada es "innovadora y pionera" y ha señalado que permitirá suspender el desahucio previsto. El alcalde ha dicho también que compran la finca para enviar un mensaje "claro". "Barcelona defenderá el derecho a la vivienda", ha asegurado con el objetivo de "cambiar las reglas del juego".
El alcalde, que ha comparecido al lado de la presidenta de Hàbitat3, Carme Trilla; la primera teniente de alcalde, Laia Bonet; el síndic de greuges de Barcelona, David Bondia, y el comisionado de Vivienda, Joan Ramon Riera, ha asegurado que la propiedad ha aceptado vender la Casa Orsola por 9,2 millones de euros, que está un 30% por debajo del valor de mercado que hay en el Eixample. "Se suspenderán los desahucios previstos", ha sentenciado Collboni.
26 viviendas
"En total, en la Casa Orsola hay 26 viviendas y cuatro locales comerciales. De estos, hay nueve pisos que a corto plazo ya se podrán poner en la bolsa de alquiler asequible de la ciudad", ha explicado el alcalde al mismo tiempo que ha celebrado que la compra "tiene que permitir que un edificio que estaba en el mercado libre pase a ser un edificio de vivienda asequible". Collboni ha puesto de manifiesto que con esta adquisición se envía un mensaje muy claro, que es que Barcelona defenderá el derecho a la vivienda y lo hará con decisiones como la de hoy y con el objetivo de cambiar las reglas del juego del mercado de la vivienda de las grandes ciudades.
Ahora bien, el alcalde también ha querido advertir que la operación que se ha anunciado este viernes no es reproducible en todos los casos, ya que "los recursos públicos son limitados y tenemos un presupuesto importante para vivienda, pero es limitado". En esta operación Hàbitat3 asume el 51,4% (4,3 millones de euros) de la finca y el Ayuntamiento el 48,6% restante (4,7 millones). El alcalde ha insistido en que hacen falta "nuevas reglas del juego" y una mayor regulación del mercado de la vivienda. "Hoy damos una buena noticia, pero la situación nos preocupa y nos interpela como poderes públicos", ha añadido en la misma línea.
La mediación
El Síndic de Greuges de Barcelona ha celebrado "la discreción" en las negociaciones y ha destacado que se haya apostado por la mediación y la búsqueda de "soluciones consensuadas". Sin embargo, ha apuntado que apostó por hablar con las dos partes "sin sentarlas en la misma mesa" porque creía que, si no, "no se habría llegado a una solución".
El Sindicat de Llogateres critica que se "premie" al propietario
Por su parte, el Sindicat de Llogateres ha criticado la compra: "Lejos de ponerse del lado de los inquilinos, el Ayuntamiento ha negociado de espaldas a los inquilinos y al Sindicato para garantizar que el especulador no perdiera ni un euro. El gobierno municipal pagará 9,2 millones de euros a Albert Ollé, rescatándolo y premiándolo después de años de intentar expulsar a los vecinos", lamentan en un comunicado. "Este acuerdo opaco no solo blanquea el negocio de la especulación, sino que se hace de la mano de Carme Trilla, con quien Jaume Collboni quiere desmantelar la medida del 30%", han indicado. Los miembros del Sindicat han ofrecido poco después una comparecencia, en la cual han criticado que el Ayuntamiento de Barcelona y Hábitat 3 "premien", y en parte con dinero público, al propietario de la Casa Orsola. El portavoz del sindicato, Enric Aragonès, ha apuntado que la cifra está muy por encima de lo que pagó el propietario y ha criticado que la negociación se ha hecho "a escondidas", sin hablar con ellos ni con los vecinos. También ha acusado al Ayuntamiento de Barcelona de querer "instrumentalizar" la movilización social y "sacar rédito político" de su lucha. "
El vecino sobre el cual había la orden de desahucio, Josep Torrent, ha valorado que después de tres años de "incertidumbre, dolor y sufrimiento" ahora ve "un poco de esperanza". Ha agradecido el apoyo del Sindicat de Llogateres y de los vecinos y ha asegurado que sin ellos esto no hubiera estado posible.