"Pronosticamos que la querella quedará archivada". Así de contundente se ha mostrado este lunes el concejal de Derechos de Ciudadanía y del distrito de Sants-Montjuïc, Marc Serra, ante la reapertura de la causa penal contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el mismo Serra; la concejala de Vivienda, Lucia Martín, y la responsable del departamento de Disciplina de Vivienda e Inspección, Fuensanta Alcalá, por los presuntos delitos de coacción y prevaricación presentada por el fondo de inversión Vauras Investments y que ya fue inadmitida a trámite en su momento por el juzgado de instrucción 18 de Barcelona. Ahora la Audiencia Provincial ha aceptado un recurso por el cual reabre la causa, aunque sólo investigará dos presuntos delitos, de los ocho iniciales.
En una comparecencia ante los medios de comunicación, Serra, acompañado de Martín y del abogado Alex Solà, ha considerado que todo ello se trata de una "operación especulativa en el Poble-sec" por parte del fondo de inversión, "saltándose la legislación". "Se nos acusa de aplicar la legislación de vivienda, que protege los derechos de los vecinos," se ha defendido Serra, que ha apuntado que el gobierno municipal tiene la obligación de aplicar la ley "que obliga a los grandes tenedores que ejecutan un desahucio a ofrecer alquiler social a las familias vulnerables" y ha negado que el ayuntamiento hubiera rechazado nuevas licencias por esta situación. Según el concejal, fue el fondo buitre el que incumplió la ley, y por eso "se le incoó expediente sancionador", que según ha apuntado la concejala Martín, comportó una sanción de "417.000 euros".
"Un caso clarísimo de especulación inmobiliaria"
"Estamos en una situación del mundo al revés", ha insistido Serra, porque se piden explicaciones al ayuntamiento por "defender a los vecinos" cuando, según su opinión, debería ser al revés: "Debería ser el fondo de inversión quien diera explicaciones por desahuciar a vecinos". Acto seguido ha apuntado que ya hay otras diez denuncias presentadas por "fondos buitres y lobbies de ultraderecha, y todas han sido archivadas". "Confiamos que esta también" ha afirmado, apuntando que desde el ayuntamiento se actuará con la máxima transparencia. Por su parte, Lucía Martín ha calificado la situación como "un caso clarísimo de especulación inmobiliaria", donde el fondo de inversión habría iniciado "un proceso de expulsión de vecinas para revalorizar las viviendas".
Martín, como antes Serra, ha defendido la actuación del consistorio, señalando que "se comprobó la situación de exclusión residencial" y que Vauras no ofreció alquileres sociales. "Ante los incumplimientos de la falta de alquiler social y las demandas de desahucio, lo que hicimos fue poner en marcha los expedientes sancionadores establecidos en la norma", ha añadido Martín. Por su parte, el abogado Alex Solà, ha recordado que la querella inicial ya fue inadmitida a trámite porque la jueza consideró que "los hechos no eran constitutivos de delito", y que ahora la Audiencia Provincial descarta seis de los presuntos delitos y mantiene sólo los de coacciones y prevaricación, en una situación que ha considerado como "inusual".
La misma alcaldesa, Ada Colau, se ha sumado a la conversación a última hora de la tarde. Mediante un mensaje de Instagram, Colau ha reaccionado a la orden de la Audiencia de Barcelona de investigarla por la presunta coacción: "No conseguirán lo que buscan, que es asustarnos". Ha mostrado su sorpresa para la decisión, pero también su convencimiento que "la causa se acabará archivando". Finalmente, la alcaldesa ha recordado que hasta el momento se han archivado diez denuncias contra ella y ha explicado que las denuncias archivadas han tenido lugar cuando han "tocado los intereses de este (inmobiliario) y otros lobbies".