La sesión de octubre de la comisión de Economía del Ayuntamiento de Barcelona -que este año tendrá lugar el miércoles 16-, es siempre un momento clave del mandato municipal, ya que incluye la aprobación inicial de las ordenanzas fiscales para el año siguiente, que acostumbra a ser la antesala para la negociación del presupuesto municipal. En este contexto, el teniente de alcaldía de Economía, Jordi Valls, ha presentado este viernes una propuesta de ordenanzas fiscales que parte de los ejes anunciados previamente -endurecimiento de la fiscalidad turística y congelación de los impuestos a los ciudadanos- y que incluye guiños a comunes y ERC que, a pesar de no tener todavía la garantía de sacarlas adelante con el apoyo de estos dos partidos, permite al menos tenerlas encauzadas.

Según ha indicado Valls, los grandes ejes de su propuesta son la "no presión fiscal a la ciudadanía", aunque sí que se propone aumentar la tasa de residuos, y al mismo tiempo "incrementar la fiscalidad en dos ámbitos, el turístico y el medioambiental", con el objetivo de "fortalecer la autonomía fiscal". El aumento de la fiscalidad turística, en todo caso, encaja, a pesar de que con matices, con las propuestas que previamente han puesto sobre la mesa desde de ERC y BComú. De hecho, el mismo Valls ha indicado que "a pesar de no prefijar una posición de 'sí'" de comunes y republicanos, sí que ha habido "conversaciones" con las dos formaciones susceptibles de aprobar las ordenanzas presentadas.

En todo caso, las principales propuestas del PSC son la del incremento del tipo en los establecimientos con mayor valor catastral, que afectaría especialmente a los hoteles de lujo que, por su misma condición, están situados también en inmuebles de lujo. La propuesta es subir el actual tipo del 1% a un 1,08%, aunque este mismo jueves los comunes propusieron llegar al 1,30%, el máximo permitido legalmente. También en este ámbito se mantiene la propuesta, ya anunciada de cuadruplicar el precio que pagan los autocares turísticos, con la introducción de una nueva tasa de 35 euros diarios para utilizar la Zona Bus, aparte de otros incrementos, de manera que un autocar turístico pasaría de pagar unos 20 euros al día a unos 80 euros.

Además, también se quiere aumentar la autonomía fiscal de Barcelona con el aumento progresivo del IBI en los Inmuebles de Características Especiales (BICES), una categoría que afecta, entre otros, las terminales de cruceros y las infraestructuras portuarias. En este sentido, actualmente se paga un 0,8% y la propuesta es subirla hasta 2027, con un 1,06% en 2025; un 1,18% en 2026, y un 1,30% -el máximo previsto-, el último año de mandato. Valls ha apuntado que se da la circunstancia que las instalaciones portuarias situadas en el municipio del Prat de Llobregat ya pagan el 1,30%, como pasa en otras ciudades portuarias del Estado como Cartagena y Las Palmas de Gran Canaria, mientras que en Barcelona se paga un 0,8%.

La tasa de residuos, entre 5 y 10 euros más cara

A pesar de la voluntad de congelar la fiscalidad a los ciudadanos, la propuesta de ordenanzas fiscales incluye una subida que sí que afectaría a la ciudadanía, ya que en el marco de la fiscalidad ambiental la ley reclama que la tasa de residuos cubra el 100% del coste de la recogida de residuos. En este sentido, se propone un incremento progresivo para cubrir el coste del servicio, manteniendo los descuentos y las bonificaciones en los hogares ya beneficiarias. La tasa, que se cobra en el recibo del agua y va con relación a su consumo, prevé un aumento anual de 5,26 euros para el consumo mensual de hasta 6 m³ de agua -de 27,65 a 32,91 euros-, y de 9,77 euros para el consumo mensual hasta 12 m³ -de 51,38 a 61,15 euros.

Asimismo, también en el campo de la fiscalidad ambiental se proponen cambios como una racionalización y mejoras a la bonificación para sistemas de aprovechamiento de la energía solar, por ejemplo, para posibilitar la solicitud de bonificación para instalaciones solares híbridas que se instalen en sustitución de instalaciones solares térmicas existentes. En el caso del IVTM, se establece una limitación temporal de las bonificaciones ambientales del impuesto a un máximo de 5 años. Se considera que este periodo es suficiente para contribuir al objetivo de incentivar la transición y renovación del parque móvil de la ciudad. También en el estacionamiento regulado se reduce al 50% la bonificación de los vehículos "cero emisiones", una vez alcanzado en buena parte el objetivo inicial de aumentar la presencia de este tipo de vehículos y atendida la alta intensidad en la ocupación del espacio público de este tipo de vehículos.

Finalmente, con respecto a medidas concretas pedidas por comunes y ERC, Valls ha apuntado que están dispuestos a plantear la subida de precios del Park Güell, "pero no necesariamente para doblarlo" y que también dan apoyo a la propuesta de ERC de subir el recargo municipal de la tasa turística hasta los 8 euros, que depende del Parlament de Catalunya, pero no necesariamente para aplicarlo. De hecho, el mismo Valls ha apuntado la posibilidad "de estacionalizar" este recargo. En conjunto, el Ayuntamiento calcula que el impacto económico de los cambios propuestos en impuestos y tasas permitirán ingresar en las arcas municipales 22,6 millones de euros más que el 2024.