La celebración, este lunes en el Ayuntamiento de Barcelona, de la Comisión no permanente de estudio sobre la problemática de la vivienda, ha servido para poner sobre la mesa las propuestas de los partidos y del gobierno municipal sobre la materia. En este sentido, la teniente de alcaldía de Urbanismo, Laia Bonet, ha asegurado que hay que dar "un salto de escala" para doblar la producción de pisos protegidos en los próximos años y pasar de 500 a 1.000 anuales, además de insistir en la necesidad en redefinir la medida del 30% porque Barcelona "no se puede conformar con 26 pisos protegidos en seis años". Según recoge la ACN, esta polémica ha vuelto a ser uno de los principales puntos de debate de la sesión en que también se ha puesto sobre la mesa la necesidad de eliminar las cargas fiscales, apostar por la rehabilitación de inmuebles y valorar si la calificación permanente de las viviendas protegidas puede tener carácter retroactivo.
En este sentido, Bonet ha defendido que hay que redefinir la medida del 30% "para tener garantías de su efectividad" y ha lanzado un mensaje claro, tanto a los partidarios de derogar la propuesta como a los que se oponen a cambiarla: "No se construye suficiente vivienda protegida en la ciudad". Asimismo, la primera teniente de alcaldía ha defendido que de los cinco expedientes que se abrieron, tres caducaron las primeras semanas del mes de junio de 2023, cuando todavía gobernaba Ada Colau: "El proceso sigue vivo y la prueba es que hay una sentencia favorable al Ayuntamiento y que ahora afrontamos un procedimiento sancionador que va de los 90.000 a los 900.000 euros", ha indicado.
Bonet también ha recordado que Barcelona dispone de 15.971 viviendas protegidas, una cifra "totalmente insuficiente" y ha dicho que por eso el gobierno municipal está trabajando en un plan calendarizado para dar "un salto de escala" que permita doblar la producción de este tipo de inmuebles de forma que anualmente se hagan 1.000 en lugar de 500, de manera que se podrían suponer construir 4.000 a lo largo del mandato. En otro orden de cosas, la teniente de alcaldía ha explicado que los servicios jurídicos municipales están analizando si la calificación permanente de las viviendas protegidas que impulsó Damià Calvet cuando era conseller de Territori se puede aplicar con carácter retroactivo. De esta forma, se abriría la puerta a recuperar pisos que inicialmente eran de protección oficial y que dejaron de serlo cuando el régimen caducó.
El 30% vuelve al centro del debate
Desde Junts per Barcelona, la concejal Carme Lleó ha lamentado que una vez más la medida del 30% protagonice la comisión y ha planteado que quizás se tendría que hacer una específica para debatirla. Ha insistido en que la reserva del 30% para inmuebles protegidos "ha paralizado la construcción de vivienda" y ha sido un "fracaso". Así, ha avisado de que no se pueden hacer políticas de vivienda sin vivienda y ha dicho que para generar desarrollo social hace falta desarrollo económico: "Eludir esta realidad es tener un pensamiento muy naif", ha considerado.
A su vez, la presidenta de Barcelona en Comú, Janet Sanz, ha asegurado que "hablar de vivienda es hablar del 30%" y ha recordado que la moratoria supuso que se perdieran 500 inmuebles protegidos en la capital catalana. "Es una medida imprescindible que está defendiendo la ciudadanía y las entidades y no podemos desprestigiarla", ha valorado. Ha criticado que el ejecutivo del PSC "haya perdonado multas" y ha exigido a Bonet que "deje de esconderse bajo informes jurídicos y técnicos de la casa, que sea honesta y diga quién dio la orden de modificar estas sanciones y dejarlas en un cajón".
Durante la sesión, la concejala de ERC Eva Baró, ha señalado que hay que tener más vivienda pública, pero también ha dicho que es importante preservar la que ya existe. "Las viviendas ya hechas tienen que poder servir para lo que tienen que poder servir", ha avisado la republicana de que ha considerado que la creación de nuevos pisos y la conservación de los existentes son "dos caras de una misma moneda".
Desde el PP, Ángeles Esteller, ha asegurado que muchos propietarios no ponen su piso a disposición por la gran inseguridad jurídica que existe y ha criticado las políticas intervencionistas que han conducido a la situación actual con medidas como la del 30% que "ha frenado y hundido el mercado". Así, ha apostado por eliminar la declaración de Barcelona como zona tensionada.