Recomendaciones y ninguna advertencia de ilegalidad. La interventora delegada del Ayuntamiento de Barcelona, Carmen Torres, ha declarado hoy, como testigo en el juzgado, que realizó observaciones y no ningún reparo técnico en las subvenciones que de forma directa ha concedido el gobierno de Ada Colau en los últimos años. El titular de instrucción 21 de Barcelona investiga si Colau concedió de manera irregular ayudas a entidades afines a raíz de la querella presentada por la Asociación Para la Transparencia y la Calidad Democrática. A preguntas del fiscal, la funcionaria ha asegurado que ni la gerencia de Servicios Sociales ni ella como delegada no realizaron ninguna advertencia de ilegalidad de las ayudas concedidas, y que si hubiera detectado algún hecho delictivo está obligada a ir a la fiscalía, acción que no ha hecho.
En el interrogatorio, que ha durado unas dos horas, la interventora delegada a las áreas de Servicios Sociales y de Patrimoni de l'Ayuntamiento de Barcelona ha explicado que la alcaldesa no ha impulsado ninguna subvención de forma unilateral ni puede aprobarla, ya que tiene que ser validado por la comisión de gobierno, después de la tramitación de cada área. Ante la falta de irregularidades, la defensa del consistorio, que dirigen los abogados Olga Tubau y Àlex Solà, ha adelantado que pedirá ahora el archivo de la causa. Se espera la respuesta del fiscal Anticorrupción, que se ha opuesto a la petición de nuevas pruebas por parte de la acusación popular, según fuentes judiciales.
Cambios
La interventora municipal ha detallado que en el informe del 2019 no hizo reparos, que implica parar el expediente de la subvención, sino recomendaciones y observaciones para mejorar su legalidad. La primera recomendación es que las subvenciones directas, que cada año tenían entidades como Cruz Roja y Cáritas, se recogieran en el presupuesto de manera nominativa, y así tenían el control político en el pleno municipal. La segunda recomendación es que si el 75% de la subvención se destinaba a gastos de personal, entonces sí que había que licitar un contrato de servicios, con concurrencia pública. De las subvenciones cuestionadas, la interventora ha asegurado que cumplían los requisitos de ser subvenciones por interés público justificado y no hacía falta la concurrencia pública, según fuentes judiciales.
Desde la defensa del consistorio se ha insistido en que las recomendaciones de la interventora se incluyeron en el presupuesto del año 2020, ya que en el anterior los presupuestos eran los prorrogados del 2018 y no se podía realizar. También han recordado que estas subvenciones directas para acciones únicas se empezaron a dar en el consistorio el año 2014, con el gobierno de Xavier Trias. Igualmente, han detallado que la gerencia de Servicios Sociales realiza unos 300 informes anuales sobre ayudas y subvenciones, que son el grueso de dinero público que se conceden a entidades.
Subvenciones
Las entidades citadas en la querella son: el Observatorio DESC (donde Colau trabajaba antes de alcanzar la alcaldía. En la querella se precisa que cinco miembros de su equipo municipal también fueron); Enginyers Sense Fronteres (ESF), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH, de la cual la alcaldesa fue una de las fundadoras en el 2009 y portavoz hasta el 2014), y la Alianza contra la Pobreza Energética (APE). También cita Ladefe y Ecologistes en Acción. En su declaración al juez, la alcaldesa defendió el trabajo "único" que hacen estas entidades.