Archivado. El titular del juzgado de instrucción 21 de Barcelona ha decretado el archivo de la causa contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por|para las subvenciones directas concedidas a entidades sociales, a raíz de la querella que había presentado la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática. Al auto, el juez Ignacio Sánchez concluye que "no ha existido conducta ilícita alguna atribuible", además, añade que Colau "no dictó resolución de ningún tipo" que se pueda considerar como delito de prevaricación sobre estas subvenciones, por este motivo, "cae toda la construcción inculpatoria contra los líderes comunes". El magistrado revela que cuando Colau tomó posesión como alcaldesa, delegó las funciones de concesión de subvenciones, por esta razón no se la puede hacer a responsable de estas. Según indica el instructor, tampoco se tiene constancia que Colau diera "instrucciones o ninguna indicación para otorgar ayudas", tal como argumenta la defensa de la alcaldesa. "En ninguno de los expedientes se detecta ninguna irregularidad".
Ausencia de irregularidad
Hacía semanas que se esperaba esta resolución, después de que el fiscal Anticorrupción no vio ninguna irregularidad y que el juez, en una resolución del mayo pasado, riñó la entidad de querer convertir el caso en "una investigación prospectiva", al pedir la ampliación de la investigación de forma genérica en todos los expedientes de las entidades bajo sospecha, después de que una interventora municipal descartara cualquier irregularidad, en su declaración en el juzgado. Los abogados de Colau, los penalistas Olga Tubau y Àlex Solà, ante clarificadora declaración de la interventora pidieron la archivación del caso, argumentando "la ausencia de irregularidad". El magistrado Ignacio Carlos Sánchez citó a declarar como investigada la alcaldesa Colau el marzo pasado. La entidad españolista acusaba Colau que su gobierno había favorecido a entidades "afines" y donde la líder de Barcelona en Común había trabajado, como el Observatorio DESC o la PAH. La Asociación para la Transparencia lo acusaba de una retahíla de delitos, desde la malversación de fondos a la prevaricación. En su declaración, Colau explicó al juez que su gobierno dio continuidad a las subvenciones directas que habían dado gobiernos municipales anteriores, y que las entidades eran "únicas" para hacer la tarea que se subvencionaba.
Correcciones
Colau también detalló que en el 2021, con la aprobación del presupuesto municipal, hasta ahora prorrogado, se corrigieron medidas indicadas por la Intervención, como ahora que si las entidades recibían la ayuda de forma recurrente, que la partida se incluyera en el presupuesto, ya realizado, y que permite un mayor control a los grupos de la oposición. El fiscal anticorrupción, en un escrito también durísimo, criticó la intención de la Asociación para la Transparencia de solicitar más expedientes a ver si había alguna irregularidad, acción proscrita legalmente.
Segunda causa
Paralelamente, la alcaldesa Colau tiene una segunda causa penal abierta, aunque hasta ahora no se ha aclarado una actuación directa suya. A finales del abril pasado, la Audiencia de Barcelona estimó parcialmente la querella que presentó la sociedad Vauras Investments y ordenó a la titular del juzgado de instrucción 18 de Barcelona, que inicialmente no admitió a trámite la denuncia, que investigue las acusaciones de coacciones y de prevaricación administrativa contra Colau y su gobierno, al sostener que habrían amenazado los titulares de la sociedad de paralizarlos las obras si no destinaban una parte de sus bloques en pisos sociales.
El tribunal, de forma excepcional, indicaba a la magistrada instructora que solicitara los expedientes donde la sociedad se consideraba perjudicada para analizarlos, acción ya requerida por la magistrada Carmen García. La sociedad también denunciaba el gobierno de Colau por extorsión, que el tribunal rechazó, ya que sostiene que no ha existido violencia, ni tampoco el delito de soborno, ni el de revelación de secretos. Además de Colau, se acusa: Lucia Martín, concejala de Vivienda; Marc Serra, concejal de Derechos de Ciutadanaia, y Fuensanta Alcalá, responsable del departamento de Disciplina de Vivienda e Inspección. Ahora, habrá que ver si algunos de los expedientes bajo sospecha fueron firmados por la alcaldesa, ya que si no es así, podría ser excluida de la investigación y ni ser citada a declarar al juzgado. En la reunión, donde responsables de la entidad aseguran que recibieron presiones, tampoco estaba Colau. La fiscalía, como la magistrada, descartó que hubiera ninguna irregularidad.
Valoración positiva de Colau
La alcaldesa Ada Colau ha valorado el archivo del caso y se ha mostrado contenta. En una rueda de prensa ante los medios, se ha mostrado satisfecha porque se hace justicia, pero sobre todo porque se preserva "el buen nombre del Ajuntament de Barcelona que hace un trabajo impecable y riguroso en la atribución de subvenciones". "No solo es una buena noticia a nivel personal, es también una buena noticia por la democracia", ha asegurado Coláis. Por otro lado, ha asegurado que estas asociaciones solo buscan "estigmatizar entidades sociales que luchan cada día por los derechos de las personas más vulnerables".
A pesar de la satisfacción por el archivo, Coláis ha instado a hacer una reflexión democrática sobre quien pone este tipo de querellas, quienes hay detrás y quienes las financia. "Llevamos 10 querellas archivadas y hace falta una reflexión democrática de fondo", ha indicado la alcaldesa. Ha lamentado que este tipo de acciones buscan hacer ruido y generar titulares. "No todos los políticos somos iguales. No todos somos unos corruptos", ha sentenciado Colau. "Solo pretenden intimidar a aquellos que, como el consistorio, confrontan privilegios y que hasta ahora quizás no se habían encontrado nadie que se los paras los pies".