Portazo. El titular del juzgado 21 de Barcelona acusa la Associación para la Transparencia y la Calidad Democrática de querer hacer una "investigación prospectiva" en la causa de las subvenciones concedidas a entidades sociales por parte del gobierno de Ada Colau, y rechaza su última petición para que el Ayuntamiento de Barcelona aporte todos los expedientes firmados con las entidades que considera "afines" a la líder de Barcelona En Comu, como el Observatorio DESC o la PAH. El fiscal anticorrupción, en un escrito también durísimo, había criticado la intención de esta entidad al solicitar más expedientes para ver si había alguna irregularidad, prohibido legalmente. Precisamente hoy, los abogados de Colau, han solicitado al magistrado que archive la querella contra la alcaldesa y miembros de su gobierno, ya que  aseguran que se ha demostrado, con los informes y la declaración de la interventora, que hay "ausencia de irregularidad".

En una resolución, del 2 de mayo pasado y comunicada este viernes por la tarde, el magistrado Ignacio Sánchez expone que los querellantes hacen un resumen preliminar de lo que ha declarado la investigada, refiriéndose a Colau, y después de "sacar sus propias conclusiones, se lanza en este escrito a solicitar una investigación puramente prospectiva, proscrita por el derecho penal". Añade que no se justifica la petición de todos los convenios firmados con estas organizaciones, ni tampoco de todos los expedientes y menos la identificación de que votaron  los concejales. "No se puede hacer de las presentes diligencias una causa general contra el gobierno del Ayuntamiento, y sobre todo después de la declaración de la interventora, que estuvo después de esta petición", de la cual asegura que es "improcedente e innecesaria", y la deniega.

Pruebas

Precisamente, en la petición de archivo realizada por los abogados de la alcaldesa, Olga Tubau y Àlex Solà, se insiste en que la interventora delegada en el ámbito de los Servicios Sociales, con su declaración, "pulverizó" todas las acusaciones de irregularidad recogidas en la querella. Precisa que la interventora Carmen Torres corroboró la adecuación de las ayudas y que las objeciones que presentó no eran por irregularidades ni tampoco por hechos delictivos. Indica que la instrucción practicada y el contenido de los expedientes administrativos que son cuestionados en la querella, permiten concluir que la disposición de los fondos públicos concretados en estas subvenciones, ha venido presidida por la sucesión de actos administrativos tendentes al control de la dotación presupuestaria y al correcto destino de estos, llevados a cabo por la Gerencia del Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona. "La declaración de la interventora pulveriza la totalidad de las conclusiones incriminatorias de la acusación popular", afirman los abogados de Colau, y concluyen: "Estamos en hechos que no tienen relevancia penal." El juez ha de decidir si cierra ya la investigación.