Segundo portazo. El titular del juzgado 21 de Barcelona ha denegado las nuevas pruebas solicitadas por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática, en el caso de las subvenciones contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, con solo dos días de diferencia de la primera denegación, en la cual aseguró que la entidad quería hacer una "investigación prospectiva". Esta vez, el magistrado Ignacio Sánchez es explícito cuando afirma en la providencia, del 4 de mayo pasado, y conocida hoy, que da traslado a las partes de su petición, aunque añade: "Estando lo ya acordado en el auto del 2 de mayo de 2022." Es decir, les vuelve a denegar las pruebas. El juez tiene pendiente de resolver la petición de los abogados de Colau, los penalistas Olga Tubau y Àlex Solà, que le solicitaron que archive la querella contra la alcaldesa y miembros de su gobierno, ya que aseguran que se ha demostrado, con los informes y la declaración de la interventora, que hay "ausencia de irregularidad". El fiscal se adhirió.
La Asociación para la Transparencia ha presentado esta segunda ampliación de petición de pruebas al perder el plazo para presentar un recurso de apelación en la Audiencia de Barcelona sobre las primeras, que el juez rechazó el 2 de mayo pasado. En concreto, la entidad solicitaba que el Ayuntamiento de Barcelona entregara todos los expedientes de subvenciones que había aprobado el gobierno de Colau a entidades sociales "afines", como a La Plataforma DESC, APE, ESF y la PAH. El fiscal anticorrupción, en un escrito durísimo, criticó la intención de esta entidad al solicitar más expedientes a ver si había alguna irregularidad, proscrito en la vía penal, tal como también le reprochó el juez.
Pruebas
Ahora, en la segunda serie de pruebas, la Asociación para la Transparencia pedía que el consistorio enviara los expedientes completos de concesión de subvenciones para proyectos internacionales a las entidades afines a la querellada. Los informes anuales de conclusiones del análisis de subvenciones concedidas por el Ayuntamiento, y emitidos por el Interventor General, desde el 2015 en el 2021. También la declaración del interventor general del consistorio, Antonio Muñoz. E incluso pide un "informe de inteligencia policial a la Policía Judicial, a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, especializada en delitos contra la administración pública, sobre "las irregularidades y deficiencias advertidas en los expedientes.
No obstante, tanto el fiscal anticorrupción Luis García Cantón como la defensa de Colau aseguraron que la interventora delegada en el ámbito de los Servicios Sociales declaró en el juzgado que no detectó ninguna irregularidad penal, y recordó que como funcionaria estatal está obligada a comunicarlo a la fiscalía (y no lo hizo), y que las observaciones que hizo eran de tipo administrativo y se corrigieron en el presupuesto del 2020.