Después de que en mayo de 2023 el TSJC confirmó la primera muerte por amianto de un extrabajador del metro de Barcelona, ahora un juez ha reconocido por primera vez una incapacidad permanente a un trabajador en activo también por la misma causa, la presencia de amianto, en este caso en las instalaciones de Vilapicina, donde Metro de Barcelona tiene cocheras y talleres. Según ha dado a conocer este martes el Col·lectiu Ronda, el Juzgado de lo Social número 4 de Barcelona ha declarado en situación de incapacidad permanente en grado de total derivado de la asbestosis causada por la exposición al amianto a Rafael Almansa Rubio, que trabajó durante más de 40 años en las instalaciones de Vilapicina de Metro de Barcelona.
En marzo de 2019, el trabajador -todavía en activo en aquel momento- fue el primero en denunciar la asbestosis que sufría a consecuencia de la inhalación de fibras de asbesto mientras ejercía su profesión de mecánico tornero en los talleres del Metro. Lo hizo en una rueda de prensa ofrecida en el despacho de Col·lectiu Ronda acompañado por los integrantes del Comité de Empresa, que reiteraron sus críticas hacia la dirección de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) para negar la existencia de casos de afectaciones graves sobre la salud entre la plantilla derivados de la presencia de amianto en los convoyes y las instalaciones del suburbano.
Amianto detectado desde 1988
Según Ronda, TMB reaccionó a las declaraciones de Almansa con un comunicado donde negaba la existencia de enfermedades pulmonares causadas por el amianto entre los integrantes de la plantilla y afirmó que los informes médicos encargados por la empresa municipal reducían la afectación de Rafael Almansa a la existencia "de alteraciones pleurales". Sin embargo, en la sentencia conocida ahora, el Juzgado de lo Social 4 de Barcelona considera acreditada la existencia de asbestosis derivada de la actividad como a los talleres de reparación y mantenimiento de Vilapicina y recuerda que "una evaluación del año 1988 detectó presencia de amianto" en los talleres y que, posteriormente, una evaluación higiénica del año 1990 determinó la presencia de amianto en las instalaciones del Metro, especialmente en los túneles y conductos de ventilación, fruto del desgaste de las antiguas zapatas de freno, la pintura y otros componentes mecánicos de los convoyes. Así y todo, la sentencia recoge que no es hasta 2018 que se implantó "un plan de intervención para eliminar el amianto estructuras y se intensificó la vigilancia de la salud" de la plantilla.