La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tendrá que volver a los juzgados pocas semanas antes de las elecciones municipales. La cita será el 13 de marzo y esta vez será por la querella presentada por el fondo de inversión Vauras y en calidad de imputada por presuntos delitos de prevaricación, malversación y coacciones. Los hechos se remontan al año 2019 cuando el Ayuntamiento de Barcelona sancionó al fondo Vauras con más de 400.000 euros de multa por no ofrecer alquiler social a inquilinos del llamado Bloc Llavors, situado en la calle Lleida y comprado íntegramente por el mismo fondo, que se querelló. Aunque inicialmente la querella fue inadmitida a trámite, el abril pasado la Audiencia Provincial reabrió el caso y lo asignó a la misma magistrada del juzgado de instrucción 18.

En concreto, la Audiencia de Barcelona acusa a Ada Colau, a los concejales Lucía Martín y Marc Serra y a una funcionaria municipal de haber supuestamente presionado a Vauras para destinar inmuebles a alquiler social con la supuesta amenaza de no concederles licencia de obras. Aunque ya fue inadmitida a trámite inicialmente, la reapertura del caso supone que Martín, Serra y la funcionaria han sido citados a declarar el día 10 de marzo, mientras que la alcaldesa tendrá que ir el día 13 del mismo mes. En todo caso, Ada Colau se ha mostrado segura de que la querella no tendrá recorrido y ha apuntado a que "hay un patrón" de los grandes tenedores a la hora de enfrentarse a un ayuntamiento que "ha confrontado los intereses especulativos" de fondos de inversión como Vauras, que ha tildado de "fondo buitre" y ha augurado el mismo camino para este caso que a la "retahíla de querellas que son archivadas y solo generan ruido y titulares".

La misma alcaldesa ha defendido, este martes por la mañana y en compañía de la concejala de Vivienda, Lucía Martín, y el concejal del distrito de Sants-Montjuïc, Marc Serra, la actuación del consistorio y su "compromiso firme de defender el derecho de la vivienda". De hecho, Colau ha recordado que en "aplicación de la ley catalana del 2015" se recordó a Vauras que tenían que ofrecer alquiler social a las familias en riesgo de vulnerabilidad y que, como no lo hicieron, se les impusieron varias sanciones, que subirían a un total de 417.000 euros. Las sanciones, sin embargo, fueron retiradas en mayo del año pasado.

Asimismo, Colau se ha mostrado sorprendida por la reapertura del caso tras ser inadmitido a trámite en noviembre de 2020 con, según la alcaldesa, un posicionamiento “rotundo” tanto por parte de la Fiscalía como de la jueza al decir que los hechos "no constituían ningún tipo de delito" y ha insistido en que "los fondos buitres tienen mucho dinero, recursos y abogados y por eso recurrieron la inadmisión". "Como alcaldesa estoy muy tranquila, colaboraremos con la justicia y no tengo ninguna duda de que esto quedará archivado una vez más", ha remachado Colau. El Bloc Llavors también fue polémico por un cuestionado desalojo por parte de los Mossos d'Esquadra en abril del 2022.