La actuación urbanística de la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau se amplía en los juzgados. La titular de juzgado de instrucción 26 de Barcelona ha admitido la ampliación de la querella que presentó el exjefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona con el PSC Josep Antoni Acebillo contra Colau y la exconcejala de Urbanismo Janet Sanz por las supermanzanas del Eixample, el marzo pasado. En concreto, el abogado Francesc Jufresa, en nombre de Acebillo, presentó la querella por un delito urbanístico y uno de malversación de fondos por las supermanzanas o ejes verdes y ahora lo ha ampliado por el delito de fraude en subvenciones comunitarias, ya que las obras fueron sufragadas con fondos europeos. La magistrada Carmen Suárez ha admitido la ampliación de la querella al considerar que los hechos relatados "tienen íntima conexión con lo que se investiga", según una resolución a la cual ha tenido acceso ElNacional.cat.
Las obras de los Ejes Verdes-Superilles han supuesto una inversión de más de 50 millones de euros, y la mitad (unos 25.900.229 euros) habrían sido sufragadas por fondos europeos, según se informó desde el mismo Ayuntamiento de Barcelona. En la ampliación de la querella, se afirma que estas ayudas se conceden con ciertos requisitos, como por ejemplo que se cumple la normativa vigente, y en el caso de las superilles "no se cumple", como ya denunció la entidad Salvem Barcelona en la UE. Sin embargo, el fiscal de Urbanismo de Barcelona, pero, no vio ninguna irregularidad. Hasta ahora la magistrada no ha acordado ninguna declaración como investigadas.
Dos frentes: penal y contencioso
Este frente judicial por la vía penal llega cuando la semana pasada se supo que la magistrada del juzgado de lo contencioso-administrativo número 5, Montserrat Raga, ha dado la razón a la Unión de Ejes Comerciales Turísticos de Barcelona (Barcelona Oberta) y ordena a "devolver a su estado" la calle Consell de Cent de Barcelona, convertida en peatonal, y, por lo tanto, se tendría que desmontar este eje verde, que es el emblemático de la supermanzana del Eixample.
La modificación del PGM
En la sentencia, la magistrada de lo contencioso sostiene que la aprobación de las obras supuso una modificación del Plan General Metropolitano (PGM) sin que se hubiera seguido el procedimiento legal establecido para modificarlo, como también afirma Acebillo.
Los comerciantes, sin embargo, ahora no quieren rehacerlo y el alcalde socialista Jaume Collboni "apuesta por el diálogo" y mejorar algunos puntos, como los accesos de los vehículos.
Denegado el archivo
En una segunda resolución, la titular del juzgado de instrucción 26 de Barcelona desestima la reclamación de la regidora de los comunes, Janet Sanz, que decrete el archivo de esta investigación porque la Fiscalía de Barcelona examinó los mismos hechos denunciados por Acebillo y no vio ningún hecho delictivo y archivó sus diligencias de investigación. La magistrada considera que no está vinculada a las decisiones de la Fiscalía.
La jueza añade que la parte querellante puede ostentar la condición de perjudicado porque “existen intereses supraindividuales que son dignos de protección en los delitos como el investigado de urbanismo, dado el hecho de que existen sujetos que pueden reclamar la tutela judicial efectiva como víctimas de delitos que afecten intereses que también son particulares, afectados por una resolución que se estima contraria a derecho”.