La citación judicial de Ada Colau, que el 4 de marzo tendrá que declarar ante el juez en calidad de investigada por los delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de dinero público, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, ha provocado la reacción de parte de las formaciones políticas con representación en el Ayuntamiento de Barcelona, que han sido muy críticas con la situación en que ahora se encuentra la alcaldesa y la institución que representa. Así, Junts per Catalunya ha exigido a Colau máxima "transparencia y celeridad", mientras que los grupos municipales de Ciutadans y el Partido Popular directamente han reclamado su dimisión.
El grupo municipal de Junts per Catalunya en el Ayuntamiento de Barcelona ha señalado que "vigilará" todo este proceso, pero "sin cruzar nunca la línea roja", que, según su opinión, "sí cruzó Ada Colau cuando se aprovechó vergonzosamente y sin escrúpulos de las falsas acusaciones contra Xavier Trias". Además, JxCat considera que Barcelona "merece y necesita saber que no se ha cometido ninguna irregularidad ni se ha malversado ningún euro en el ayuntamiento", y por eso exige "la máxima transparencia y celeridad y la máxima colaboración por parte del gobierno municipal y la alcaldesa Ada Colau para que no haya ninguna sombra de duda". La propia formación ha insistido en que la capital de Catalunya tiene que ser "referente en políticas transparentes y tiene que tener una política de tolerancia cero con la corrupción".
Cs y PP piden la dimisión de Colau
Por su parte, el grupo municipal de Ciutadans se ha mostrado contundente exigiendo la dimisión de Colau "ante la imputación por delitos tan graves", según ha declarado la líder del partido en Barcelona, Luz Guilarte, que ha recalcado que "Colau no puede seguir representando a los barceloneses". Por eso ha solicitado que "cumpla su propio código y dimita", extremo que ya ha sido descartado por Barcelona en Comú.
Según Guilarte, la condición de investigada de Colau "perjudica la imagen de la ciudad". Además ha acusado a la alcaldesa de "otorgar subvenciones a entidades afines a los comunes" recordando que "muchas de las entidades beneficiadas mantienen vínculos con la propia alcaldesa" y también con el concejal Eloi Badia y los exconcejales Gerard Pisarello y Jaume Asens. Además, Guilarte ha cuestionado el silencio del PSC ante la investigación, recordando que "no esperamos nada del PSC porque hay que recordar que la presidenta de la Diputación también está imputada por supuestos delitos y no han hecho nada".
Finalmente, el grupo municipal del Partido Popular al Ayuntamiento de Barcelona también ha pedido a Colau que dimita después de ser citada como investigada por supuestas irregularidades en subvenciones. El líder del PP municipal, Josep Bou, ha dicho que Colau "tiene que dar ejemplo, que dimita y asuma su responsabilidad. Barcelona no se merece eso". Los populares aseguran que el consistorio ha concedido "subvenciones a dedo" a más de 250 entidades, "la mayoría de las cuales son afines a los comunes". El grupo denuncia públicamente "la concesión arbitraria, discrecional y recurrente de subvenciones y financiación a entidades amigas, especialmente con la fórmula de contratos menores sin ninguna justificación".
El PP municipal recuerda que su oposición a los últimos presupuestos era, entre otras razones, por "el exceso de subvenciones a dedo y falta de transparencia". Su portavoz, Oscar Ramírez, ha dicho que su formación denuncia esta situación desde hace tiempo y cree que Colau tendría que aplicarse el código ético de su propio partido, que establece que los cargos que sean investigados judicialmente por prevaricación, malversación o apropiación de recursos públicos tienen que dimitir.
"Estrategia de 'lawfare'"
Hay que recordar que Barcelona en Comú ha considerado que la querella contra Colau obedece a una "estrategia de lawfare", además de un "ataque directo al debate democrático". "Lo que está en juego es que la ciudadanía y sus representantes políticos escogidos democráticamente puedan o no decidir sobre las cuestiones que los afectan", han señalado los comunes barceloneses en un comunicado de BComú.
Asimismo, Ada Colau, que ya ha descartado que se vea impelida a dimitir según el Código Ético de su formación, ha criticado la entidad que ha presentado la querella, la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática, asegurando que la poca actividad que se le conoce es que "interpuso enmiendas al reglamento de participación para hacer una consulta pública sobre la gestión del agua", que impidieron la celebración de la consulta, y también una querella contra el Ayuntamiento de Valladolid también por "querer municipalizar el agua". De hecho, ha considerado que la asociación querellante actúa en contra de "nuestra política de discutir la gestión privada del agua".
Por su parte, la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática se ha limitado a confirmar, por medio de una nota de prensa, la presentación de la querella en los términos que han divulgado los medios de comunicación y ha descartado ninguna declaración adicional a la espera de que se produzca la declaración, fijada para el día 4 de marzo.