El Ayuntamiento de Barcelona recorrerá una sentencia judicial que anula la declaración institucional que el Pleno Municipal aprobó en noviembre de 2023 sobre el conflicto entre Israel y Palestina, que proponía interrumpir relaciones con el Gobierno israelí hasta que no hubiera un alto el fuego definitivo en Gaza.
El acuerdo que prosperó con los votos a favor de PSC, Barcelona en Comú y ERC, fue impugnado por la organización Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), una entidad que promueve la relación entre España e Israel que consideraba que vulneraba la legalidad vigente y transmitía uno "un mensaje negativo" con respecto a Israel. En la sentencia, el Juzgado del Contencioso Administrativo número 10 de Barcelona ha estimado el recurso presentado por ACOM y anula la declaración institucional, que fue impulsada por los Comuns, para contener afirmaciones "contrarias a derecho". El Ayuntamiento de Barcelona ha asegurado este martes que presentará un recurso contra esta sentencia.
El juzgado considera que la declaración no se trata solo "de meras declaraciones de intenciones o simples aseveraciones", sino de un acuerdo "con efectos jurídicos". En este sentido, subraya que el acuerdo "produce una desigualdad de trato a determinadas instituciones, empresas y organizaciones" que no tiene justificación y que el Ayuntamiento excede sus competencias e incluso invade competencias estatales. Según la resolución, también infringe, los principios de objetividad y neutralidad ideológica que tienen que regir la actuación de los poderes públicos.
El origen de la declaración
Esta declaración se aprobó a raíz de los ataques terroristas perpetrados por Hamás al sur de Israel al principio de octubre de 2023 y la posterior invasión israelí de la Franja de Gaza. El texto propuesto por Ada Colau y Barcelona Común, acordado con el PSC y ERC, condenaba los ataques contra la población civil, reclamaba un alto el fuego permanente y señalaba la ocupación de los territorios palestinos y la negación de derechos básicos a los gazianos como los principales obstáculos para conseguir la paz.
El documento recogía una cláusula de obligación contractual en todos los contratos públicos municipales para garantizar que ningún operador pertenecía o efectuaba operaciones financieras, inversiones, compras u otras actividades que fueran en contra del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Hasta que no se consiguiera un alto el fuego definitivo, además, proponía interrumpir las relaciones institucionales con el actual Gobierno de Israel.
La impugnación de ACOM
La organización ACOM llevó esta declaración a los tribunales alegando que los acuerdos del pleno "no son una mera decisión inofensiva o meramente simbólica" y que la declaración identificaba en Israel "como la parte gravemente incumplidora", enviando así "un claro mensaje negativo, de alejamiento y hostilidad con respecto a Israel y sus ciudadanos." La entidad denunciaba además la falta de competencia del Ayuntamiento para adoptar acuerdos en materia internacional y para modificar el régimen de contratación pública, infringiendo el principio de no discriminación, y alegó la vulneración del principio de neutralidad ideológica.
No es la primera ruptura con Israel
No es la primera vez que en el 2023, el Ayuntamiento rompe las relaciones con Israel. En febrero, el entonces alcaldesa, Ada Colau, decretó la suspensión temporal de las relaciones con el estado de Israel y la hermandad con la ciudad de Tel-Aviv. Entonces, los abogados Francesc Jufresa, Ferran Grases y ACOM presentaron una querella al considerar que Colau había incurrido en un delito de odio a la carta que envió al primer ministro israelí y la embajada de Israel exponiendo que el Ayuntamiento suspendía temporalmente las relaciones con el país por la política de anexión de territorios y la violación de derechos humanos contra la población palestina. La jueza la archivó.