Nuevo golpe judicial al Ayuntamiento de Barcelona. La justicia ha tumbado la reforma de la Via Laietana. El juzgado contencioso-administrativo número 14 de Barcelona ha rechazado el acuerdo del consistorio de febrero de 2022, que daba luz verde al proyecto de reurbanización de la avenida. Ahora, el tribunal ha dictaminado que el Ayuntamiento no tenía competencias para aprobarlo y que, por lo tanto, la actuación "no es conforme a derecho" y no se ajustó a la legalidad, según ha adelantado La Vanguardia. La sentencia da apoyo a la demanda que la Cámara de Concesionarios de Infraestructuras, Equipamientos y Servicios Públicos había presentado contra el consistorio porque aseguraba que el trámite del proyecto urbanístico no había seguido el "procedimiento legal previsto".
Necesidad de consenso con la Generalitat
La sentencia hace referencia a las obras del primer tramo, que se iniciaron en marzo de 2022, y van desde la plaza Urquinaona hasta las calles de Joaquim Pou y Junqueras. El juez señala que la reurbanización de la Via Laietana se tendría que haber hecho mediante una modificación del Plan General Metropolità (PGM) y no a través de un acuerdo de la comisión de urbanismo. En este sentido, argumenta que la Via Laietana es una de las arterias principales "de la red vial básica" de la capital catalana, y que no es una "calle estrictamente local o de barrio". Según el magistrado, la fórmula escogida por el Ayuntamiento para aprobar la reforma "encubre una modificación de las determinaciones esenciales que el PGM atribuye a la Via Laietana sin seguir el procedimiento legalmente previsto". El juez recrimina que el anteproyecto para la reforma de esta vía se aprobó en la comisión de urbanismo que considera que es "un órgano manifiestamente incompetente", cuando se tendría que haber gestionado en la Subcomisión de Urbanismo de Barcelona, que es órgano administrativo de la Generalitat de Catalunya.
La sentencia se suma a la de otros golpes judiciales contra el Ayuntamiento relacionados con los ejes verdes. En este sentido, recuerda que el proyecto de las supermanzanas —impulsado por el gobierno de Ada Colau— "se desarrolla fraccionadamente mediante proyectos de obra ordinaria tratante de eludir al procedimiento de modificación puntual del PGM, que obligaría al Ayuntamiento a tener que consensuarlo con la Generalitat y con el tejido social". En aquella ocasión, el Ayuntamiento defendió que tenía competencias para aprobar el proyecto, que tenía el objetivo de "mejorar las condiciones de la movilidad, transversalidad, pavimentación, adecuación de las aceras, vegetación y mejora y adecuación de varios servicios preexistentes en el tramo indicado".