Un juzgado de Barcelona investiga a Ada Colau y Janet Sanz por las supermanzanas del Eixample, después de admitir a trámite la querella presentada por el arquitecto jefe de Pasqual Maragall, Josep Antoni Acebillo (con los abogados Francesc Jufresa y Ferran Grasas). Según ha podido saber la ACN y ha confirmado ElNacional.cat, la jueza titular del juzgado de instrucción 26 de Barcelona solo ha pedido cierta documentación — pero todavía no ha fijado ninguna fecha para ninguna declaración de investigados o testigos. Tampoco ha dictado ninguna medida cautelar, a la espera de que la Fiscalía dé su opinión.
Acebillo presentó hace tres semanas una querella contra la alcaldesa de Barcelona y la teniente de alcaldía de Urbanisme por un delito urbanístico y uno de malversación por las supermanzanas o ejes verdes del Eixample, pocos días después de que la Fiscalía archivara las denuncias interpuestas por los mismos querellantes y la plataforma Salvem Barcelona. El objetivo era conseguir la paralización cautelar de las obras para "evitar la plena consumación" de los delitos que consideran que se están cometiendo y los perjuicios que se pueden llegar a causar — cifrados en más de 100 millones de euros.
El arquitecto y los abogados remarcaron que se trata "de una infracción normativa manifiesta de la ley del suelo que puede tener efectos devastadores" tanto para particulares como a comercios en general, hasta el punto de generar "problemas de accesibilidad en los mismos domicilios de servicios básicos". También afectaría al erario público, "porque solo el concepto de arrancado del asfalto y su eventual reposición" supondría unos gastos de 100 millones de euros.
Más allá de Colau y Sanz, la querella también se dirigía contra los miembros de la comisión de gobierno del ayuntamiento que votaron a favor de la aprobación definitiva de los proyectos ejecutivos de reurbanización vinculados con los ejes verdes del Eixample en la sesión del 26 de mayo del 2022 —a menos que hubieran expresado reservas sobre la legalidad de los acuerdos al emitir su voto —. En este aspecto, se añade a los funcionarios que hayan informado favorablemente con informes técnicos sobre las supermanzanas.
Eliminar vías públicas esenciales
El arquitecto y los dos abogados aseguraban que para la realización de una ordenación de este espacio público hace falta previamente la modificación del Plan General Metropolitano (PGM), en la forma establecida por estos ejes. En el texto se exponía que el ayuntamiento aprobó unos acuerdos sobre "proyectos ejecutivos de reurbanización del ámbito en torno a la nueva plaza situada en el cruce de los nuevos ejes verdes", que hacían referencia a la calle Consell de Cent (entre la calle Vilamarí y el paseo de Sant Joan), así como otras calles transversales entre la Diagonal y la Gran Via, una operación integrada en el Programa Superilla Barcelona. Mediante estos acuerdos "se están transformando sustancialmente, para no decir eliminando, unas vías públicas esenciales de la ciudad".
La querella añadía que se promueve "un cambio radical en la vialidad y en el sistema de movilidad" en el centro de Barcelona, "eliminando por la vía de hecho la circulación de vehículos en las calles afectadas". A pesar de esta trascendencia y "su evidente impacto" en las personas, bienes y negocios, el problema es que el proyecto se ha tramitado como si "se tratara de simples obras ordinarias de urbanización, ignorando las implicaciones urbanísticas que esta decisión tiene" y que "obligaban a una previa o simultánea modificación del planteamiento urbanístico vigente concretamente del PGM". También destacaban que la actuación municipal "contraviene" la ley del suelo que reserva a los PGM el "trazado y las características de la red vial".
Por otra parte, criticaban la decisión de la Fiscalía de archivar las diligencias de investigación que se abrieron a raíz de su denuncia y exponían que el ministerio público "se ha limitado durante 10 meses de supuesta tramitación" a "efectuar una pseudoindagación jurídica" — pidiendo al mismo ayuntamiento que informara sobre las razones que motivaban la implantación de las supermanzanas del Eixample. "Es decir, que en lugar de recibirle declaración en condición de denunciada, el fiscal le pide que elabore un informe jurídico, que evidentemente no da ninguna explicación, no es otra cosa que un alegato autoexculpatorio", concluía.