El juzgado del contencioso administrativo 16 de Barcelona ha rechazado la petición de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona de adoptar medidas cautelares que permitieran la paralización del inicio de las obras de la Superilla Barcelona. El proyecto, que prevé actuar en el Eixample y, más concretamente, en las calles Girona, Comte Borrell, Consell de Cent y Rocafort para transformarlos en ejes verdes, continuará adelante con esta decisión. De hecho, la previsión es que los trabajos empiecen la segunda quincena de agosto. De hecho, la Cámara de la Propiedad Urbana había presentado un recurso contra esta iniciativa del consistorio barcelonés, pero una vez el Ayuntamiento confirmó que había adjudicado los contratos de reurbanización de estos espacios, la organización registró un escrito el 18 de julio en el juzgado solicitando las medidas cautelares.
En el auto, el juez sostiene que no se pueden paralizar estas obras de manera cautelar y defiende que la actuación municipal "persigue una finalidad pública, la mejora urbanística de la zona y, por lo tanto, en este caso prevalece el interés público". En el recurso presentado por la Cámara, se sostenía que el consistorio estaría cometiendo varias irregularidades urbanísticas con la proyección de las 'superilles', pero el juez ha hecho constar en su escrito que no se ha podido acreditar ninguna de estas presuntas infracciones.
En paralelo, los denunciantes planteaban su inquietud por el alto coste económico que podría implicar el hecho de que se tuvieran que revertir las obras de la Superilla, así como la imposibilidad de poder ejecutar un proyecto que deshiciera estos ejes verdes en caso de que este acabara siendo "contrario a derecho". Sobre esta cuestión, el magistrado descarta que sean "irreversibles" y recalca que el coste lo tendría que asumir el ayuntamiento de Barcelona. "La Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona no puede erigirse en defensora de un hipotético interés general de acuerdo con unos hipotéticos perjuicios, que más allá de las alegaciones, no se concretan", señala el juez. Ahora, los denunciantes tienen 15 días para presentar un recurso de apelación si lo estiman oportuno.
Otras denuncias
La implementación de 'superilles' en la ciudad de Barcelona no han estado exentas de batallas judiciales. El mes de abril, Foment del Treball llevaba el proyecto de reforma de la Via Laietana al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, pero el órgano acabó resolviendo que no se paraban las obras. Más adelante, la plataforma Salvem Barcelona también interpuso una denuncia en la Fiscalía porque consideraban que el consistorio podría haber cometido un delito contra la ordenación del territorio a la hora de tramitar, aprobar y licitar las obras en el Eixample para hacer ejes verdes.
El 9 de julio, trascendía que, quien fue arquitecto jefe del Ayuntamiento de la capital catalana, Josep Antoni Acebillo, también había presentado una denuncia contra el proyecto de transformación de las calles Consell de Cent, Girona, Rocafort y Borrell para "modificar de manera radical la vialidad y el sistema de movilidad" de la ciudad. Acebillo exponía que "se pretende transformar sustancialmente, por no decir eliminar, unas vías esenciales para Barcelona" y criticaba que el consistorio quiera "liquidar, incluso demoler físicamente, la estructura diseñada en su día por Ildefons Cerdà". Para más inri, el arquitecto sostenía que la reforma obliga a "una previa o simultánea modificación del planeamiento vigente", es decir, del Pla General Metropolità (PGM).