Una activista por el derecho a la vivienda, Leila, será juzgada este jueves en un juzgado de lo penal de Barcelona. La Fiscalía le pide 1 año de prisión por un delito de atentado contra la autoridad porque la acusa de "haber tirado huevos a agentes uniformados de los Mossos de Esquadra" para mostrar su rechazo a un desahucio en el barrio del Raval de Barcelona, en el 2021. Su abogada, Sònia Olivella, pide su absolución porque sostiene que "no hay ninguna prueba" que la vincule con estas acciones. La defensa añade que la causa contra Leila "es un caso paradigmático de persecución a las militantes en defensa del derecho a la vivienda".
Precisamente, este miércoles agentes de los Mossos de Esquadra han cargado contra un centenar de activistas y ciudadanos que protestaban contra la especulación inmobiliaria y los desahucios a las puertas del congreso inmobiliario The District en Barcelona, organizado en la Feria Barcelona Gran Via. Catalunya, con Barcelona, sigue liderando el número de desahucios en el Estado español.
Criminalizar la protesta
Leila participó en la concentración contra el desahucio de una mujer vulnerable en la calle Morera del Raval, el 31 de mayo de 2021, donde se lanzaron objetos contra el cordón policial que protegía el cumplimiento de esta orden judicial. Al día siguiente participó en una protesta contra otro desahucio en Raval, donde inicialmente se opuso a ser identificada, cuando se lo requirió la policial catalana, al considerar que no había hecho ninguna acción ilegal.
La defensa de Leila añade que supo en febrero de 2023 que estaba en busca y captura desde hacía dos años "sin haber recibido ninguna notificación judicial", si no cuando renovaba el DNI en una comisaría de la policía española. Los Mossos la detuvieron y la pusieron en libertad de madrugada, según su defensa.
"Estos no son unos hechos aislados, se enmarcan en una operación de criminalización de la protesta y, más concretamente, del movimiento por la vivienda. El caso de Leila es un caso paradigmático de persecución a las militantes en defensa del derecho a la vivienda", manifiesta su defensa en un comunicado.
Se añade que "no es la primera vez que Leila es perseguida por su activismo: hace un año y medio se archivó una causa en contra ella y cuatro compañeras por falta de pruebas ante un atestado con identificaciones hechas de acuerdo con perfiles de activistas con afirmaciones como es conocida activista anti-desahucios".
Se afirma que los procedimientos judiciales abiertos contra militantes por la vivienda tienen el objetivo de "desarticular el movimiento mediante la apertura de procedimientos penales con peticiones de penas de prisión contra unos cuantos cabezas de turco." Y se concluye: "Es un claro intento de silenciar la disidencia."