"Vivimos atemorizados y con miedo". Así se han dirigido 14 colectivos y asociaciones que representan a 514 entidades y comercios de Gràcia a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para trasladarle la situación en la que se encuentran desde el pasado 23 de mayo, cuando se hizo el desalojo del Banc Expropiat, y se produjeron los posteriores disturbios. Vecinos y comerciantes reclaman, en una carta, una solución al conflicto y reprochan a Colau la falta de "apoyo institucional" y la "inexistente resolución del conflicto actual por parte del Ajuntament de Barcelona".
Los vecinos y comerciantes exigen "de forma urgente al Ajuntament y a la señora alcaldesa Ada Colau buscar una solución definitiva que recoja el sentir mayoritario de los vecinos, vecinas, entidades y establecimientos comerciales y de servicios del barrio de Gràcia". Y se desmarcan de los okupas del Banc Expropiat, que siempre han asegurado tener el apoyo de la gente del barrio, exigiendo a la administración "un trato igual a todo el mundo". "Todos los derechos comportan obligaciones".
"Estamos resistiendo esta desgraciada situación sin ningún apoyo institucional claro por parte del Ajuntament, sin ser responsables de los hechos y teniendo que velar por la seguridad de los vecinos y vecinas y de las pocas personas que todavía se atreven a visitar el área más afectada", dice la carta. Los firmantes hacen "patentes la preocupación en la inexistente resolución del conflicto actual por parte del Ajuntament de Barcelona" e inciden en que "el problema lo tienen que solucionar los políticos y no los vecinos".
En cinco puntos las asociaciones vecinales y comerciantes exponen su malestar y también su miedo. "Queremos paz y seguridad en el barrio y poder volver a trabajar y hacer vida en el barrio", dicen en la carta. Algunos comercios tuvieron que tener todo el sábado cerrado a raíz del dispositivo policial para sacar a los 5 okupas que volvieron a entrar en el banco. A lo largo de 15 días la situación se ha ido repitiendo. Algunas veces por los disturbios, manifestaciones y reivindicaciones y de otros por la incertidumbre de cómo acabarían las convocatorias.
Según el vecinos y comerciantes, 6.300 personas "están sufriendo directamente la situación que se ha vivido y todavía se vive en el barrio de Gràcia". Los firmantes condenan la violencia explícitamente: "Estamos en contra de los actos violentos que se han producido", afirman y expresan su "solidaridad y apoyo a los vecinos y vecinas, a las entidades y a los establecimientos de comercio y servicios afectados directamente, por la inseguridad que sufren, por los daños y por las pérdidas muy importantes que han ocasionado y se están ocasionando en sus locales y establecimientos.
Los comerciantes aseguran que las ventas han bajado un 80%. La situación de impasse ha durado 15 días con dos fines de semana incluidos donde, tanto las tiendas, como los bares que tienen terrazas al aire libre y que estos días ya se han empezado a llenar, se han sentido amenazados.
El Banc Expropiat ha anunciado este martes que no convocará más manifestaciones en Gràcia contra el desalojo de la antigua sucursal bancaria, según informa el colectivo en un comunicado. Aunque no renuncian a volver a entrar en el local, dicen que no es su "objetivo que para conseguirlo haya comercios que no se vean con la tranquilidad de abrir", y añaden que continuarán con los puntos informativos y las actividades en la puerta.
Ayer la propiedad del local del Banc Expropiat reforzó el blindaje de toda la fachada para evitar que se vuelva a entrar. El sábado hicieron un agujero con un butrón y se colaron dentro de 5 okupas que mantuvieron el barrio en tensión durante todo el día, porque la policía tuvo que montar un nuevo dispositivo policial que obligó a cerrar calles, el mercado de l'Abaceria y los comercios de Travessera de Gràcia y Madre de Déu dels Desemparats. La plaza de la Revolució vive en constante tensión también porque es punto de convocatoria y puerta de entrada en los accesos del Banc Expropiat.
