Las presiones de las multinacionales del motosharing continúan para el Ayuntamiento de Barcelona en un momento en que el Consistorio está estudiando la documentación presentada por las empresas que siguen en el concurso antes de la adjudicación final de las licencias.
Los expertos consideran que "el modelo abierto, igualitario y participativo" que ha impulsado el ayuntamiento de Ada Colau para regular el servicio de motosharing se ve "empañado" por el plazo fijado a la hora de desplegar las licencias.
En las bases del concurso ya se había contemplado una extensión de 30 días más en el caso de demostrar que los vehículos están en producción, aspecto que ayudaba a los emprendedores a poder optar a este concurso, como así ocurrió.
Aún así, las condiciones que fija el Ayuntamiento para ampliar los plazos dejan en el aire algunas cuestiones interpretativas del ámbito jurídico, de modo que los emprendedores pequeños no obtienen ninguna respuesta tras presentar los correspondientes escritos al ayuntamiento de Barcelona, según aseguran fuentes jurídicas.
Estas mismas fuentes opinan que "este silencio, junto con las constantes muestras de desacuerdo de los grandes operadores que no tienen ninguna dificultad para desplegar sus motos después de estar operando hasta ahora en una situación no regulada, aumentan los temores de los pequeños adjudicatarios de que el modelo que quería implantar este gobierno municipal se vea afectado".
De ser así, las fuentes consultadas advierten de que el sector quedaría de nuevo en manos de los gigantes de la movilidad sin oportunidad de entrada a nuevos operadores y sin poder actuar bajo un libre mercado real. Para las empresas de nueva creación "sólo de esta forma, se puede ofrecer un servicio competitivo y de calidad para el ciudadano".