La afectación en el amianto de los trabajadores de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), que tuvo un punto de inflexión a finales de julio, cuando un juzgado dictó la primera sentencia que atribuía la muerte de un extrabajador del Metro de Barcelona a la exposición al amianto en el puesto de trabajo ha llevado a una decena de trabajadores de TMB a crear la primera asociación de afectados por el amianto del metro de Barcelona, llamada Asociación de Trabajadores Expuestos o Afectados por el Amianto de la Metrópolis de Barcelona (AteaAmb), que ya cuenta con un centenar de afiliados. La entidad ha sido presentada este martes por la mañana y según recoge la ACN, nace con la voluntad de reclamar exámenes médicos más rigurosos, mayor implicación sindical y denunciar el incumplimiento del convenio firmado con la dirección y hecho público el año 2021.
El presidente de la nueva entidad, Ángel Pobo, ha detallado que entre el centenar de afiliados a la nueva entidad se encuentran también doce de los 28 empleados que TMB ha reconocido como trabajadores que presentan patologías o afectaciones compatibles con haber estado en contacto con el amianto, y por eso han apuntado que pretenden "llevar a cabo una tarea de seguimiento permanente de la actuación del metro de Barcelona", según declaraciones recogidas por Europa Press. Asimismo, Pobo ha explicado que a pesar de que a estas alturas la asociación no dispone de ningún apoyo sindical, pero que se han reunido con los ocho colectivos presentes en la empresa para pedirles mayor implicación y una mejora del pacto que se firmó con la empresa el año 2021.
Además, AteaAmb ha criticado la falta de transparencia que afecta el plan especial de vigilancia de salud, así como el incumplimiento del acuerdo con la representación sindical por el cual los trabajadores expuestos en el amianto puedan acceder a partir de los 58 años a la situación de ausencia retribuida hasta llegar a su edad de jubilación. Concretamente, se reconocen como afectados 28 trabajadores -todos ellos reconocidos en 2019 y, desde entonces, no se han actualizado los datos-, y de entre ellos, 24 presentan engrosamientos pleurales; dos más, placas pleurales no calcificadas; uno, placas pleurales calcificadas y, uno más, un carcinoma broncopulmonar.
Por otra parte, Pobo ha remarcado que tampoco "se está lavando la ropa de los empleados afectados, tal como se dijo que se haría" y ha subrayado que las revisiones médicas que les efectúan "no son lo suficiente estrictas ni severas". En esta línea, ha denunciado opacidad en estas pruebas, ya que ha alertado de que a la mayoría de trabajadores "se les comunican los resultados por teléfono y no reciben el pertinente informe del médico". Aunque no ha querido señalar ninguna irregularidad, sí que ha manifestado que les cuesta creer que desde 2019 no hayan aparecido nuevos casos y que la cifra de afectados se haya mantenido en los 28 oficiales, aunque se han hecho pruebas a más de un millar de empleados. Al mismo tiempo, ha revelado que algunas de las mediciones ambientales que se han efectuado recientemente "han dado un resultado positivo".
Apoyo del Col·lectiu Ronda
Finalmente, el abogado del Col·lectiu Ronda Pau Estévez ha expresado su apoyo a los miembros de la nueva asociación. Ha recordado que en verano se hizo pública "la primera sentencia judicial que atribuye la muerte de un extrabajador de Metro de Barcelona a la exposición al amianto al puesto de trabajo", un hecho que marca un precedente porque "según la empresa el empleado en cuestión desarrollaba funciones que no implicaban contacto con el asbesto". Desde el punto de vista de Estévez, este fallo judicial, a pesar de no ser firme, evidencia que el posicionamiento de la empresa "es insuficiente".