El anuncio del aplazamiento del segundo intento de desahucio de Josep Torrent, vecino de la Casa Orsola de Barcelona, previsto para esta madrugada de lunes a martes, para dentro de dos semanas, el martes 18 de febrero a las 9:30 horas, abre un margen de quince días para profundizar en una mediación propuesta la semana pasada por el Síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia, el cual, de forma discreta, ya habría dado pasos para acercar posiciones entre el inquilino y las entidades que le dan apoyo, de un lado, y la propiedad, del otro y llegar en un plazo corto de tiempo a encontrar una solución pactada.
De hecho, este mismo lunes por la mañana, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha empezado tarde una intervención ante los medios de comunicación sobre el Pla Endreça para seguir los últimos movimientos de esta mediación, y ha señalado, con cierta solemnidad, que desde el gobierno municipal, "se valora muy positivamente la suspensión del desahucio" y señalando que la iniciativa del Síndic se debía a un encargo del propio alcalde para añadir que, en todo caso, la mediación está en marcha, y "están interlocutando propiedad, inquilinos y entidades de defensa de la vivienda". "Ha habido conversaciones y encuentros para empezar este proceso de mediación", ha añadido Collboni.
Asimismo, el alcalde ha insistido en "el compromiso del Ayuntamiento con la defensa del derecho en la vivienda y que este derecho sea garantizado a todos los inquilinos de la Casa Orsola" además de indicar que desde el gobierno municipal hay la voluntad de "hacer los cambios que de manera estructural eviten nuevos casos como la Casa Orsola". Por su parte, el Sindicat de Llogateres se ha otorgado el mérito del aplazamiento, asegurando, en un comunicado, que "este aplazamiento no se debe a ninguna otra cosa que la enorme movilización del jueves y viernes pasado, y la evidencia de que hoy se repetiría". Este mismo lunes, a primera hora de la tarde, la misma entidad, por medio de un comunicado, ha desmentido "haber iniciado negociaciones con Lioness Inversiones" y ha acusado a Collboni de "intentar instrumentalizar la lucha de los inquilinos de la Casa Orsola".
El propietario no descarta vender
En este contexto y aunque según el Ayuntamiento, la mediación ya empieza a dar los primeros resultados, la propiedad del inmueble, que son dos fincas -calle de Calàbria, 137 y calle del Consell de Cent, 122 de Barcelona-, el fondo de inversión Lioness Inversones ha apuntado que no descarta acabar por vender la finca. En una carta firmada por Albert Ollé, máximo responsable de Lioness avanzada por Nació, se agradece el esfuerzo de mediación por parte del Síndic de Barcelona y del Ayuntamiento, indicando que, en todo caso, llega "tarde": "Hace meses que lo buscábamos, pero mejor tarde que nunca", para añadir que "después de recibir todo tipo de insultos y ataques, supongo que finalmente acabaré vendiendo la finca".
Ahora bien, la venta de la finca todavía abriría un nuevo escenario, ya que el Ayuntamiento de Barcelona podría acabar por adquirirla haciendo uso del derecho de tanteo y retracto que le permitiría pasar por delante de cualquier oferta privada. El mismo derecho, en todo caso, que en el anterior mandato, cuando Lioness compró la finca, no se utilizó. Sobre este posible final, que fuera el Ayuntamiento quien comprara la Casa Orsola, Collboni ha querido ser muy cauteloso y no avanzar ningún escenario de futuro: "Seremos cuidadosos, hemos depositado la confianza en el Síndic, y el compromiso del Ayuntamiento es seguir la mediación y dar apoyo".
Según la misiva, Ollé apunta que el vecino afectado, Josep Torrent, "nunca quiso hablar con nosotros directamente", sino siempre a través del Sindicato de Llogateres y "después de más de tres años de confrontación, él ha conseguido ser el héroe y yo, al parecer el criminal”, indicando, asimismo, que en otros casos se habían encontrado soluciones por la vía de la mediación directa, como el caso de otra vecina, ahora ya muerta, con quien se “renovó su contrato por 450 euros mensuales”, o el caso de otro vecino que “después de haber sido pillado introduciendo okupas en la finca, recibió una renovación del contrato cuando su padre, avergonzado, intercedió por él”.
Asimismo, el propietario apunta que el propio edificio ha sido víctima “de actos vandálicos que han dañado un patrimonio modernista que quise preservar”, y apunta, en referencia a una carta abierta de Torrent en la que se responsabilizaba a Collboni, Isla y Sánchez de la situación, Ollé recomienda al vecino que “debería reflexionar si su situación no es consecuencia de haber confiado en aquellos que prometieron miles de viviendas sociales y no construyeron casi ninguna, o de haber votado por quien impuso la obligación del 30% de protección oficial, paralizando así la construcción de nueva vivienda en Barcelona”.
Por su parte Foment del Treball también ha querido dar su opinión en torno a este caso y ha indicado que "quiere hacer de nuevo y las veces que hagan falta, una defensa radical del derecho a la propiedad privada y del buen funcionamiento y vigencia del Estado de Derecho." Con este mensaje, la patronal catalana quiere expresar el apoyo al propietario del edificio, Albert Ollé. El presidente Josep Sánchez Llibre quiere indicar que "hay que respetar la ley y su aplicación y que la propiedad de la Casa Orsola ha actuado de manera ajustada al Derecho y que las administraciones públicas deberían ayudar a esta propiedad y no presionarla hasta extremos muy próximos a la coacción".