Una vez el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha comunicado este lunes la anulación de la polémica ordenanza del Ayuntamiento de Barcelona sobre la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), los grupos de la oposición municipal han coincidido en criticar la implementación de la ZBE. La sentencia de la sección 5.ª de la sala contenciosa administrativa del TSJC, que no es firme, sostiene que la ordenanza municipal relativa a la restricción de la circulación de determinados vehículos en la ciudad de Barcelona, aprobada en el Plenario del Consejo Municipal, en sesión de 20 de diciembre de 2019, "tiene deficiencias en su elaboración, carece de informes determinantes y es excesivo en el ámbito geográfico de aplicación y en el tipo de vehículos excluidos", entre otros motivos, y por eso la anula. Con todo, como la sentencia no es firme, la anulación no comporta suspensión y, de hecho, el Ayuntamiento de Barcelona ya ha advertido que la ZBE y su régimen sancionador continúan vigentes.
Con respecto a las críticas de la oposición, el concejal de Esquerra Republicana de Catalunya, Max Zañartu, ha criticado la "falta de rigurosidad" del gobierno municipal al "no justificar de manera satisfactoria la adopción de una ZBE que tenía como objetivo la reducción de los gases contaminantes provenientes del tránsito rodado". "Lamentamos que en el caso de la ZBE, como ya pasó con el PEUAT, el gobierno municipal vuelva a demostrar que no es capaz de hacer que las cosas salgan bien a la primera", ha añadido Zañartu, que ha seguido asegurando que "la actual sentencia puede ser una oportunidad para replantear aspectos de la ZBE, con el fin de hacer la medida más eficiente para reducir la contaminación, y más equitativa para no dejar a nadie atrás en función de la renta". Además, ERC ha recordado que ya en el periodo de alegaciones, su grupo advirtió de "la falta de un documento serio de evaluación ambiental de la medida, la falta de análisis de alternativas, y los problemas de iniquidad técnica y social de la medida".
A su vez, el grupo municipal de Junts per Catalunya ha valorado que Colau y Collboni, "son los únicos responsables de la chapuza de la Zona de Bajas Emisiones y que el TSJC haya tumbado en la capital catalana esta herramienta de lucha contra las emisiones contaminantes". "No se pueden hacer peor las cosas", añade el partido, para señalar que a pesar de estar de acuerdo con "el espíritu de la Ordenanza relativa a la restricción de la circulación de determinados vehículos en la ciudad de Barcelona para apaciguar las emisiones contaminantes", siempre había defendido que hacía falta "modular algunas de las medidas que recogía y abogaba por una aplicación más racional y progresiva". "En buena parte, la sentencia del TSJC ahora nos da la razón a las objeciones que defendimos durante el trámite de la ordenanza", señalan desde Junts.
"Chapuza ideológica aplicada sin rigor"
Por su parte, la líder de Ciudadanos en el consistorio, Luz Guilarte, ha señalado que, otra vez, "la justicia le quita la razón al gobierno local". "La implementación de la ZBE es otra chapuza ideológica aplicada sin rigor y sin consenso", ha añadido, para señalar que se trata de una medida que "perjudica a los más vulnerables". Por todo ello, el grupo municipal de Cs pide que "se paralicen y anulen las sanciones en trámite hasta que haya seguridad jurídica".
Con respecto a Valents, fuentes del partido han indicado que la ordenanza planteada por Colau y el PSC no se podía aplicar. "Advertimos que era injusta y desproporcionada para muchos autónomos que tenían coches antiguos, pero que no necesariamente contaminaban más que otros de nuevos", han añadido, para remachar que "la justicia nos ha dado la razón".
Finalmente, el Partido Popular ha pedido a Colau que deje sin efecto la Zona de Bajas Emisiones después del revés judicial del TSJC, y que anule todas las multas puestas hasta ahora, ya que considera que no son justas. "Una vez más, los tribunales anulan políticas equivocadas impuestas por motivos ideológicos y sin informes que avalen estas restricciones", ha detallado el portavoz, Óscar Ramírez.