La economía digital ha emergido en los últimos años como un elemento de disrupción en mercados tradicionales como el de la movilidad urbana, la restauración, la hospitalidad, los servicios profesionales o los servicios financieros, en muchos casos caracterizados por una baja intensidad competitiva y la presencia de numerosas barreras de entrada a nuevos operadores. La plataforma actúa de nexo entre el consumidor y el ciudadano productor o prosumidor. Permite rentabilizar activos anteriormente infrautilizados, como una habitación, un asiento de coche o una plaza de parking, ofreciendo nuevas oportunidades con respecto a la elección del consumidor, la creación de empleo y el impulso de una economía, más circular y sostenible.

Un concepto que ha revolucionado el paradigma del mercado turístico en todo el mundo es el home sharing, el hogar compartido. Es una modalidad de oferta turística no profesional que consiste en compartir la vivienda principal —domicilio habitual y permanente— en periodos de corta duración. Se distingue de las viviendas de uso turístico porque el inmueble no tiene un uso comercial dedicado únicamente al turismo, sino que la actividad turística complementa el uso habitual de la residencia.

La economía digital permite rentabilizar activos infrautilizados (una habitación, un coche, un parking) y ofrecer nuevas oportunidades de elección al consumidor, más empleo y más sostenibilidad

El hogar compartido no es un fenómeno nuevo. El pacto de hospitalidad entre particulares para ofrecer alojamiento se remonta a la tradición celtíbera. Fue adoptado por los romanos bajo el nombre de hospitium. En los años sesenta del siglo pasado, un grupo de catedráticos de California creó una red universitaria para el intercambio de casas con el objetivo de reducir los costes de las vacaciones o viajes de congresos, buscando también una experiencia diferente a la hora de viajar. En definitiva, estamos ante una actividad con más de dos mil de años de historia que la digitalización pone ahora a disposición de un mayor número de ciudadanos.

Volviendo a Barcelona, en los últimos años, la demanda turística en la ciudad ha aumentado sustancialmente. En sólo seis años, de 2010 a 2016, el número de visitantes en alojamientos turísticos ha pasado de siete millones a más de nueve millones y el número de pernoctaciones de catorce millones a diecinueve millones. Este incremento ha coincidido con la consolidación de plataformas como Airbnb, que han aumentado la oferta de pernoctaciones disponibles en la ciudad.

En este tiempo, el Ayuntamiento se ha centrado en aplicar medidas de contención de la oferta turística y también restricciones a la competencia: la moratoria en la concesión de licencias de alojamiento turístico (2015), la zonificación de la actividad a través del plan especial urbanístico de alojamientos turísticos (Peuat) y las sanciones económicas en las plataformas de hombre sharing. Además, el marco legal vigente todavía no distingue entre profesionales y particulares, y provoca que estos últimos tengan que soportar cargas reguladoras desproporcionadas. Finalmente, las restricciones aplicadas por el consistorio barcelonés han recibido duras críticas de las autoridades de la competencia por ajustarse a los principios de regulación económica eficiente (necesidad, proporcionalidad y no discriminación). Es decir, por ser contrarias a la óptica del interés general.

Proponemos a los candidatos al Ayuntamiento de Barcelona adaptar el nivel de regulación al nivel de actividad: quien alquile una habitación algunas noches el año no tendría que estar sujeto a la misma norma que un negocio turístico

Ante esta situación, desde el think tank Catalans Lliures, proponemos a los candidatos al Ayuntamiento de Barcelona adaptar el nivel de regulación proporcionalmente al nivel de actividad. Alguien que alquile una habitación libre algunas noches el año no debería estar sujeto al mismo nivel de regulación que un negocio turístico que ofrece un centenar de habitaciones todo el año. Esta posibilidad ya ha sido adoptada en países de nuestro entorno, como Francia, donde el alquiler por un periodo inferior a cuatro meses el año no se somete a la obligación de hacer una declaración previa, y el Reino Unido, donde no existe obligación hasta los 90 días el año.

Por otra parte, para combatir las externalidades negativas del turismo —molestias para los vecinos, uso intensivo de infraestructuras, incivismo, etc. — el gobierno podría incorporar un recargo municipal a la tasa turística (Airbnb recauda más de 23 millones de euros en Francia por este concepto) o incluso valorar mecanismos de regulación dinámica, como la creación de un mercado de derechos de arrendamiento de corta duración (Transferable Sharing Rights), por el que en lugar de determinar que durante cuatro años no se otorga ninguna licencia en tal zona de la ciudad, los residentes puedan comprar y vender un número limitado de permisos de arrendamiento turístico, número que se determina de manera dinámica en función de las particularidades de la zona.

En un país donde en torno a un 80% de los ciudadanos son propietarios de una vivienda, el uso de la tecnología para ofrecer un servicio a los visitantes es una oportunidad para generar valor social y económico que también se traslade al territorio y al comercio local. Incorporar restricciones injustificadas sin entender esta nueva realidad puede suponer un freno a la innovación, a la competencia y a la seguridad jurídica en detrimento de usuarios, consumidores y la sociedad en su conjunto. Nos hace falta una regulación equitativa y proporcional que fomente la distribución de los beneficios del turismo entre todos los vecinos de la ciudad. El próximo alcalde o alcaldesa de Barcelona tiene una oportunidad única para liderar el cambio del turismo sostenible.

Martí Jiménez es vicepresidente del think tank Col·lectiu Catalans Lliures