Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) estarán protegidas y reguladas por un real decreto. Esta es la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico recogerá en este decreto "los requisitos mínimos" que tienen que cumplir las ZBE, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) anulara la de Barcelona.
De esta manera, se pretende evitar nuevos problemas a la hora de fijar estos espacios cuya constitución obligatoria recoge la Ley de Cambio Climático para las poblaciones de más de 50.000 habitantes a partir de 2023, según han explicado a Efe fuentes del ministerio. En su momento, el ministerio ya elaboró unas directrices, publicadas el pasado 18 de noviembre, "a fin de que puedan utilizarse como guía para que las entidades locales puedan diseñar e implantar estas áreas" que "se guían mucho por las actuaciones llevadas a cabo en Barcelona".
La situación de la ZBE de Barcelona
De momento, la ZBE de Barcelona no se paralizará después de que el Ayuntamiento haya presentado un recurso de casación contra la decisión del TSJC y mientras se espera la sentencia fina del Tribunal Supremo.
El TSJC anuló formalmente el pasado 21 de marzo a la ordenanza municipal que regula la ZBE de la ciudad condal por "deficiencias en su elaboración, falta de informes determinantes y para ser excesivo en el ámbito geográfico de aplicación y en el tipo de vehículos excluidos", según la sentencia.
Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) estarán protegidas y reguladas por un real decreto. / ACN
El concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica de lo Ayuntamiento de Barcelona, Eloi Badia, lamenta que la sentencia del TSJC es "opinativa y sin fundamentos jurídicos", aunque ha admitido que la memoria que presentó el consistorio barcelonés era "muy sintética, para facilitar su lectura", y "había muchos elementos que quizás faltaron", por lo cual reconoce: "Tendríamos que haber hecho una memoria mucho más explicativa, con mucho más detalle".
Los errores de la ZBE
Una de las críticas de la sentencia se refiere a la "excesiva extensión" y "el carácter uniforme de las restricciones" de la ZBE, que ocupa 95 kilómetros cuadrados repartidos entre los municipios de Barcelona, Sant Adrià de Besós, l'Hospitalet de Llobregat y parte de Cuevas y Cornellà, cuando solo dos de las once estaciones de medición de la calidad del aire -Eixample y Gràcia- superan los límites de contaminación europeos.
Para Badia, la apreciación judicial es un "error conceptual" porque "estas dos estaciones son representativas del 70% de la población, que vive en una tipología de calles similares a aquellas en las cuales se encuentran los medidores".
El concejal también ha reprochado que la sentencia no vea justificación en el etiquetado de los vehículos, ya que "tanto la Unión Europea como el Estado español lo describen como una buena herramienta para detener la contaminación del aire".
La actual situación "nos sitúa en una interlocución contradictoria", ha resumido, porque, por una parte, Barcelona "no está cumpliendo los objetivos de contaminación que marca la Unión Europea" y "el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos dice que no hemos hecho lo suficiente", mientras que, de la otra, la sentencia supone que "de alguna manera nos dice que quizás hemos hecho demasiado".