Cinco mil personas, según la Guardia Urbana, han manifestado este sábado por la tarde por el centro de Barcelona para reclamar que "se pinche la burbuja del alquiler" de vivienda.

Los manifestantes quieren que se límite el precio máximo del alquiler, que se regule la fiscalidad de los grandes propietarios y que se limite la especulación inmobiliaria. Además, piden a las administraciones que hagan más vivienda pública y se aplique plenamente la ley 24/2015 de emergencia habitacional. También ha habido pancartas contra los apartamentos turísticos, los fondos buitre y los bancos.

Las entidades aseguran que los "especuladores asfixian subiendo los precios", provocando cada vez más problemas para llegar a finales de mes a mucha gente ya que los sueldos no suben tanto, un "drama social ante la mirada impassiva de los gobiernos y los poderes públicos". "La vivienda no es una mercancía, es un derecho con el cual no se tendría que poder especular", añaden.

"Mientras el Gobierno regaló a la banca más de 60.000 millones de euros de nuestro bolsillo, estos no han echado otra cosa que hacer de su casa a personas sin dar ninguna alternativa habitacional", critican. De hecho, aseguran que los propietarios de viviendas de alquiler "disfrutan de medidas de elusión fiscal a medida desde hace décadas, mientras los inquilinos soportan presión fiscal hasta más del 30%".

Según las entidades, los desahucios vuelven a estar en los peores niveles de la crisis, a los cuales suman todas las familias que tienen que dejar su barrio o pueblo por las subidas "imposibles de asumir" del alquiler.

Por todo eso, proponen sustituir la LAU por una ley que legisle los alquileres sociales en el mercado libre con ventajas fiscales controladas por el estado y las ciudades, que tendrían que disfrutar de más autonomía municipal.

De hecho, consideran que el nuevo decreto del Gobierno es "insuficiente" y reclaman adecuar los alquileres a la renta familiar disponible, que los contratos no puedan acabarse de forma injustificada y unilateralmente, que se renueven automáticamente excepto si el amo demuestre que necesita la vivienda para uso personal o familiar, que los contratos estén gestionados por las oficinas municipales de vivienda, que se eliminen las deducciones fiscales a los grandes propietarios, que se limiten los pisos turísticos, que aumente la construcción de vivienda social y que se conviertan en públicos los pisos de los bancos y los fondos buitre, y gravar las viviendas vacías y la venta especulativa.

Por último, quieren que se haga una aplicación integral de la ley 24/2015. "Hemos llegado a un punto asfixiante de la burbuja del alquiler y queremos pincharla, por todoslados y desde todos los frentes," concluyen.

La manifestación, convocada también en otras ciudades del estado y de Europa, ha ido desde los Jardines Pequeños de Gracia a la plaza de Catalunya, pasando por la Diagonal, la calle Pau Claris y la Gran Vía. La manifestación ha sido convocada por entidades vecinales del Eixample y el Sindicato de Inquilinos, entre otros, con el apoyo de una setentena de entidades como la FAVB, los sindicatos CGT, YAK, Intersindical-CSC y CCOO, los 'comunes', la CUP, varios ateneos populares, entidades vecinales, feministas y anticapitalistas, el SEPC, sindicados de barrio y de vivienda, la PAH, la Red por la soberanía Energética, FridaysforFuture Barcelona, o Ecologistas en acción, entre otros.

Aparte de la manifestación de Barcelona, se han hecho en una cuarentena de ciudades del estado como Valencia, Palma o Madrid, y europeas como Amsterdam, Bruselas, Lisboa, Londres, París, Viena o Burnaby (Canadá), entre otros.