El marco regulatorio que tiene que permitir operar a las empresas de alquiler de patinetes eléctricos compartidos continúa a la espera en la ciudad de Barcelona.
En septiembre del 2019, los principales operadores se reunieron con representantes del ayuntamiento que preside Ada Colau para iniciar las conversaciones para encarar la futura normativa. Desde entonces, no se ha movido ficha, dejando a las empresas ante un escenario de incertidumbre y falta de seguridad jurídica. Algunas no han esperado y han colocado sus patinetes a pie de calle, actuando con una evidente competencia desleal.
Barcelona tiene una clara apuesta por la movilidad urbana sostenible, altenativa y saludable. Las bicicletas y la moto eléctrica compartida sirven de ejemplo. Por este motivo, dotar el sector del patinete de un marco normativo claro por lo que respecta a la actividad de alquiler es urgente y necesario. Desde el sector no entenderían nuevas demoras.
Según datos de la Guardia Urbana, desde comienzos del 2020 hasta finales de octubre, se interpusieron más de 2.500 denuncias contra empresas de alquiler de patinete que operan de manera furtiva en la capital catalana. No obstante, sus patinetes siguen aparcados en muchos puntos de la ciudad.
Los operadores de los sector que han esperado a la regulación piden al Ayuntamiento más celeridad. Cuando se reunieron en el 2019, el consistorio se comprometió a tener una propuesta efectiva durante la primavera del 2020 y, además, pidió que no se adelantaran y empezaran a trabajar sin el marco legal, cosa que han hecho Bird o Reby.
25 empresas interesadas
El consistorio ha justificado este retraso por la pandemia, aunque ha dicho que siempre han estado trabajando en la propuesta. La última novedad por parte del Ayuntamiento ha sido asegurar que el concurso estará listo antes de este verano. No obstante, fuentes del sector "ponen en duda esta previsión por los retrasos ya vividos y por la falta de comunicación y diálogo del consistorio".
Consta el interés de 25 empresas por operar en la ciudad de Barcelona. El concurso será por concurrencia. El Ayuntamiento no ha aclarado si los operadores que han actuado aprovechando el vacío legal, no respetando lo que habían pedido, podrán optar.
Las principales empresas urgen al Ayuntamiento a impulsar una regulación de la actividad y al mismo tiempo "actuar de forma contundente" contra las compañías que operan sin autorización.
La patronal Smart Mobility, que agrupa varias empresas, como Buny, Flash, Lump, Lime, Ride, VOI o Wind, reclamó el pasado diciembre más celeridad y no alargar plazos. Algunos operadores se pueden llegar a replantear su presencia y apostar por otras ciudades.
Las empresas Bird y Reby, en el punto de mira
Bird y Reby están en el punto de mira. Llevan cerca de dos años operando en la ciudad sin autorización, con unos ingresos estimados de diez millones de euros, según cálculos del sector. A este hecho se suma que, al no contar con el marco normativo, el consistorio tampoco percibe la tasa municipal que tendría que ingresar una vez el sector quede regulado.
No obstante, esta situación con la que operan estas dos empresas, lejos de representar un problema legal, parece que los ha favorecido, dado que recientemente han ampliado y renovado flota con nuevos modelos. Esta realidad es inaceptable para el resto de operadores, resultando un evidente agravio y perjuicio.